Tras la petición de un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI), la Fiscalía General de la Nación judicializó a Fabián Castañeda Lozano, alias Cachorro, a Robinson Fabián Lizcano Suanara y a Robinson Ochoa Díaz luego de estudiar material probatorio “contundente” que los involucraba en el homicidio a líderes de acción comunal en los departamentos de Caquetá y Arauca.
En el caso de Castañeda Lozano, el ente de control solicitó que un juez de garantías le impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario, a razón de la presunta responsabilidad en el asesinato del presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Horizonte, Fabinson Ducuara Barreto, en el municipio de La Montañita, en el departamento de Caquetá.
El homicidio de este líder comunitario se habría cometido el 10 de abril de 2022, mientras alias Cachorro se desempeñaba como líder de un grupo armado de las disidencias de las Farc. Así lo detalló en el informe la Fiscalía: “Alias Cachorro, presunto cabecilla de los autodenominados ‘Comandos de Frontera’ de las disidencias de las Farc, sería uno de los hombres armados que se llevó a la víctima y le causó la muerte. En ese sentido, fue imputado por los delitos homicidio agravado y concierto para delinquir”.
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Ambos líderes asesinados pertenecían a las Juntas de Acción Comunal de sus municipios
Por otra parte, los otros dos procesados también fueron presentados por un fiscal de la UEI ante un juez de control de garantías, por la posible participación en el asesinato de un representante de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Meseta, en el municipio de Tame, departamento de Arauca.
El delito, de acuerdo con los informes de la Fiscalía, habría sucedido el 29 de mayo del 2022. La víctima mortal fue identificada como Jhon Gerson Camacho Barrera, quien iba conduciendo su vehículo, cuando súbitamente fue interrumpido en la vía por hombres que le dispararon y lo mataron. A su vez, el órgano de control no específico si los que perpetraron materialmente el crimen fueron los procesados.
No obstante, la acusación indicó los delitos por los cuales fueron judicializados los dos hombres: “Lizcano Suanara y Ochoa Díaz fueron imputados por los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego; y hurto calificado y agravado.”, especificó el reporte de las autoridades.
En contraposición a los señalamientos de los jueces, los procesados, en audiencia de acusación, no aceptaron los cargos por los cuales se les inculpa del homicidio de Camacho Barrera. Aun así, recibieron medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.
El material probatorio fue contundente
Si bien la Fiscalía no detalló en el material probatorio para esclarecer ambos homicidios y determinar quiénes habrían sido los culpables de la muerte de los dos líderes comunales, la institución sí aseguró que las pruebas fueron “contundentes”. De hecho, el director de la Unidad Especial de Investigación, Hernando Toro Parra, dio declaraciones frente a la situación por medio de un video publicado en las redes sociales de la Fiscalía.
“La contundencia del material probatorio presentado por fiscales de la Unidad Especial de Investigación (UEI) permitió judicializar a tres personas, señaladas de participar en los homicidios de dos líderes sociales en Caquetá y Arauca”, afirmó el pie de foto de la publicación.
En lo corrido del 2023, a propósito de la actualización de las cifras de Indepaz con respecto al asesinato de líderes sociales, se indica que en los 10 meses que van del año ha sido asesinados 135 personas entre las que están líderes comunitarios, políticos locales, campesinos, sindicalistas, ambientalistas, ciudadanos afrodescendientes y funcionarios defensores de los derechos de la población LGBTIQA+.
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