Juan Fernando Cristo calificó de “muy peligrosa” la propuesta de Gustavo Petro de entregar recompensas por denuncias de compra venta de votos

El miércoles 25 de octubre, solo cuatro días antes de las elecciones regionales de 2023 en Colombia, el Gobierno de Gustavo Petro anunció la implementación del ‘Plan Democracia’, que consiste en un programa de recompensas para los ciudadanos que ofrezcan información pertinente sobre compra de votos.

Esta medida no ha sido bien recibida por algunos expertos y autoridades, como la Misión de Observación Electoral (MOE) o el fiscal General, Francisco Barbosa, que dijeron que denunciar estos casos es deber de la ciudadanía y que no debería ser motivo para entregar recompensas.

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A las voces de crítica se sumó el exministro del Interior Juan Fernando Cristo, que en una entrevista con la emisora Caracol Radio dijo entender la determinación del Gobierno nacional, pero la calificó de “tardía, improvisada y muy peligrosa”.

“Yo entiendo la intención del Gobierno de Gustavo Petro, pero me parece tardía, improvisada y muy peligrosa, en la medida que se puede prestar para que contradictores políticos, de uno y otro bando, empiecen a señalar indebidamente este tipo de conductas”, manifestó ante la emisora mencionada.

Así mismo, el exministro aseguró que la medida “no cumplirá el propósito para el cual el Gobierno, con buena intensión, expidió esa norma”. Agregó además que esa decisión podría ocasionar desorden entre los distintos mecanismos de control durante la jornada electoral.

De todas formas, reconoció que las autoridades han fracasado en su intento de controlar la compra de votos. También afirmó que se deberían establecer unidades élite para combatir este tipo de delitos, como el flujo de dinero en las campañas.

Inicialmente, el presidente Gustavo Petro había anunciado la entrega de recompensas por hasta cinco millones de pesos a cambio de información que permita la identificación y captura de personas responsables de comprar votos. No obstante, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, aumentó esa cifra a $20 millones de pesos cuando se entregue información sobre viviendas en donde se originen este tipo de delitos.

“En caso de que la información suministrada permita la ubicación de inmuebles destinados a la compra de votos, el pago por información podrá ser hasta por 20 millones de pesos. El propósito es que estas sean unas elecciones transparentes, libres y seguras”, dijo el jefe de cartera durante la rueda de prensa en la que explicó la implementación de la medida.

Agregó que el Gobierno destinará un fondo específicamente para entregar las recompensas, pero indicó que no se dará dinero a quien haga denuncias, sino a quien aporte información para que la Fiscalía General de la Nación haga las investigaciones que hagan falta.

Por su parte, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, dijo que la compra de votos es “una amenaza gigantesca”, incluso mayor a las amenazas por orden público. “Cuando alguien compra votos es porque quiere capturar el presupuesto de ese municipio”, manifestó.

Dijo también que los allanamientos que se hagan por compra de votos pueden estar sujetos a extinción de dominio y que de ahí saldrá la recompensa para los que hayan aportado información. “Las normas actuales permiten que el ciudadano que informe pueda participar hasta del 10% de lo que allí se incaute. Claro, eso hace parte del proceso judicial que terminará definiendo el juez y el fiscal, según el grado de colaboración del ciudadano”, señaló el ministro.

Así mismo, Velasco aseguró que “lo que queremos, de verdad, es enfrentar este terrible flagelo de la corrupción en las elecciones, porque todo el proceso de corrupción administrativa arranca con un proceso de corrupción electoral”.

De acuerdo con el artículo 390 del Código Penal, pague o entregue dinero u ofrezca algún tipo de beneficios a cambio de un voto, podría incurrir en penas de cuatro a ocho años.