El exministro de Justicia Wilson Ruiz ha presentado una demanda ante el Consejo de Estado impugnando el decreto del Gobierno del presidente Gustavo Petro que busca proporcionar pagos a ciertos jóvenes colombianos con el propósito de prevenir la violencia.
La Revista Semana ha revelado que esta demanda busca la anulación del Decreto 1649, fechado el 12 de octubre de 2023, “a través del cual se regula el Artículo 348 de la ley 2294 de este año que crea el Programa Nacional ‘Jóvenes en Paz’”.
Entre los argumentos presentados por Ruiz se encuentra la alegación de que el decreto viola el principio de igualdad, ya que solo se aplica a jóvenes en áreas urbanas y otorga transferencias económicas únicamente a aquellos que sean beneficiarios del componente educativo y de trabajo comunitario, excluyendo a quienes participan en los componentes de emprendimiento y salud mental.
Según el exministro, el estímulo económico tiene una finalidad perversa, porque desvía el propósito de la transferencia económica, que está destinada exclusivamente a cubrir las necesidades alimentarias y el compromiso de los participantes, y no a estimular su participación, como pretende el decreto impugnado.
Además de presentar la demanda del decreto, Ruiz ha solicitado al Consejo de Estado que, como medida cautelar, suspenda provisionalmente la aplicación del decreto. En otras palabras, está buscando congelar, al menos por el momento, los pagos previstos por el Ministerio de la Igualdad para los beneficiarios.
Estos son los requisitos para entrar en el programa “Jóvenes en Paz”
Para acceder al programa, los jóvenes interesados, además de tener entre 14 y 28 años de edad y ser parte de los territorios afectados por la violencia y el conflicto armado en Colombia, deberán cumplir con alguna de las siguientes condiciones:
- Estar en pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad en términos monetarios.
- Tener residencia habitual en zonas rurales.
- Ser, haber sido o tener riesgo de ser víctima de explotación sexual.
- Estar o tener riesgo de estar vinculado o vinculada a dinámicas de criminalidad, violencia o reclutamiento forzado.
- Estar en vulnerabilidad por tener residencia usual en territorio afectado por la violencia o el conflicto armado.
El programa, de acuerdo con lo conocido por Blu Radio, además condiciona la transferencia monetaria de esos recursos. Lo anterior, significa que no podrán aplicar a la iniciativa aquellos jóvenes que ya reciban otras ayudas económicas por parte del Gobierno nacional como ‘Jóvenes en Acción’, o que tengan órdenes de captura o de aprehensión en su contra, o medidas privativas de la libertad.
Foto de archivo. Los jóvenes que estén recibiendo otra ayuda del Gobierno nacional no podrán aplicar a la iniciativa ‘Jóvenes en Paz’ - crédito REUTERS
Como parte del programa, los jóvenes que resulten beneficiarios también podrán recibir orientación sociojurídica “en relación con los procesos penales que existan en su contra o conflictos que se presenten”, indica el decreto conocido por la cadena radial.
Según la normativa, el objetivo será promover “que se comprendan las consecuencias legales de la situación, se asuma la responsabilidad por el daño causado, se repare de forma directa o simbólica a las personas que se hayan visto afectadas y se genere el fortalecimiento de un tejido social afectado por la comisión de un delito u ofensa”.
Para la orientación sociojurídica, el documento precisó que el Ministerio de Justicia, en coordinación con el Sistema Nacional de Defensoría Pública y el Ministerio de Igualdad, podrán “vincular entidades públicas de acuerdo con sus competencias, así como organizaciones de la sociedad civil, sector privado, cooperación internacional, entre otros actores relevantes”.
Como último punto, el Gobierno nacional dejó en claro que el programa ‘Jóvenes en Paz’ estará a cargo del Ministerio de la Igualdad, en articulación con cada una de las entidades que estarán al frente del desarrollo y la implementación de cada uno de sus componentes.
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