Empresa que construirá mega cárcel al sur de Medellín ya tuvo problemas en México: cobraba por cada recluso como si estuvieran en un hotel

Aun así, a la compañía ya se le adjudicó un millonario contrato para hacer realidad la primera megacárcel del país con aportes público-privados. Estará a cargo del centro penitenciario por los próximos 15 años

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El centro penitenciario tendrá capacidad
El centro penitenciario tendrá capacidad para recluir a más de mil reos - crédito Alcaldía de Medellín

La reciente elección de una firma para la construcción y operación de la cárcel metropolitana en el corregimiento de San Cristóbal ha generado controversia debido a los antecedentes de la empresa en México, donde estuvo envuelta en un escándalo relacionado con contratos que supuestamente desfalcaban las finanzas públicas del país.

La firma en cuestión, Prodemex, fue seleccionada para el ambicioso proyecto que requiere una inversión de $674.999 millones. Sin embargo, su participación en México ha sido motivo de preocupación, ya que esta empresa se vio envuelta en el caso Ceferesos, un escándalo que salió a la luz en enero de 2021.

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El gobierno de México acusó a un grupo de empresas privadas, incluyendo Prodemex, de operar centros penitenciarios bajo “contratos leoninos” que permitían ganancias excesivas, sin importar la cantidad de reclusos.

Los contratos supuestamente permitían que las empresas cobraran tarifas fijas, sin considerar el número real de internos en las prisiones, lo que llevó a un desembolso excesivo por parte del Gobierno mexicano, con tarifas promedio de alrededor de 3.913 pesos mexicanos por recluso por día, es decir, unos 900.000 pesos colombianos, lo que suponía un pago de unos 6.430 dólares mensuales, equivalentes a más de 27.000 millones de pesos cada treinta días.

Estos cobros, que parecían más una tarifa de hotel de lujo que de mantenimiento de un centro carcelario, obligó al Gobierno de ese país a renegociar los contratos, logrando reducir los costos en un 15%, evitando así pagos de hasta 500 millones de dólares al año.

Además de los estrafalarios cobros por recluso, el presidente Andrés Manuel López Obrador denunció que dichos contratos con varias firmas privadas, incluida Prodemex, se habían adjudicado sin un mínimo de rigor por parte del gobierno de turno, ya que nunca existió licitación alguna y los acuerdos parecían ser más una dádiva para las empresas que un negocio entre el Estado y las firmas.

Prodemex es la firma que
Prodemex es la firma que hará la primera megacárcel del país - crédito redes Prodemex

“Se firmaron estos contratos muy favorables para estas empresas y muy malos para la hacienda pública. No hubo licitaciones, fueron adjudicaciones directas, además de que el pago era excesivo, se tenía que hacer habiendo o no habiendo reclusos”, criticó López Obrador en su momento durante una rueda de prensa.

Pero el historial de Prodemex no se limita solo al caso Ceferesos en México. De hecho, En 2014 esa empresa también estuvo involucrada en una licitación para un tren de alta velocidad entre los Estados de México y Querétaro, un proyecto que se detuvo debido a acusaciones de corrupción y un escándalo que involucró a la esposa del expresidente Enrique Peña Nieto, quien adquirió una mansión avaluada en más de 7 millones de dólares de una empresa relacionada con el proyecto.

Aún así, Prodemex ya es el ganador de la licitación del megaproyecto en Colombia, que será el primero en tener una inversión privada para su creación. De hecho, según informaron desde la Alcaldía de Medellín, la megacárcel contará con una estructura conformada por seis torres de vigilancia y estará dotada con tecnología de vanguardia para vigilar a cerca de 1.400 reclusos a través de inteligencia artificial.

“Va a ser la cárcel más segura del país, va a ser el modelo más importante de seguridad en sindicados del país y se va a construir en el corregimiento de San Cristóbal”, indicó en su momento Daniel Quintero cuando aún se mantenía como alcalde la ciudad.

Además, en el contrato con Prodemex se prevé un plazo de ejecución de 15 años y tendrá como objetivo abordar el hacinamiento en las cárceles de la ciudad, además de liderar procesos de reinserción social de todos los condenados.

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