La Defensoría del Pueblo presentó un informe que da cuenta de conductas vulneratorias de derechos contra candidatos a alcaldías y concejos y contra líderes sociales o comunitarios.
El informe, socializado en una sesión de la Comisión Nacional del Ministerio Público para el seguimiento a la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Comprrat), hace seguimiento a las medidas que los servidores públicos deben implementar para enfrentar la violencia a manos de grupos armados ilegales.
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A través de la Alerta Temprana Electoral 030 de 2023, la Defensoría evidenció un aumento significativo en el número de acciones violentas que afectan a las comunidades, de cara a las elecciones territoriales del 29 de octubre.
De acuerdo con la entidad defensora de los derechos humanos, en agosto de 2023 el seguimiento a la alerta indicó que 113 municipios estaban en riesgo extremo y 286 en riesgo alto.
Más de dos meses después, se mantiene el riesgo en esos lugares, pero adicionalmente, aumentaron los hechos violentos en otras regiones ya advertidas por la entidad.
La alerta registró 173 conductas violentas entre el 1 de enero y el 31 julio del 2023, una cifra inferior al compararla con la consignada entre el 1 de agosto y el 30 de septiembre de este año, periodo en el que hubo 204 acciones violentas, particularmente contra candidatos a alcaldías y concejos y contra líderes sociales o comunitarios.
“En tan solo dos meses hubo un aumento significativo en el número de vulneraciones si lo comparamos con los primeros siete meses del año. Mientras más cerca estamos de las elecciones, mayores son las acciones violentas de los grupos armados ilegales contra los candidatos o líderes”, aseguró el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
El defensor señaló que los grupos que cometen las mayores vulneraciones son las disidencias Farc, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Clan del Golfo) y el ELN, a los que se suman los del crimen organizado.
“Estos grupos armados ilegales o criminales realizan ataques o atentados contra candidatos o sedes políticas, homicidios, restricciones a la movilidad, y afectan directamente el proceso electoral”, advirtió Camargo Assis.
Los departamentos con el mayor número de conductas vulneratorias registradas entre agosto y septiembre en municipios con riesgo extremo fueron Norte de Santander, con 20; Arauca, 15; Nariño, 12, y Bolívar, nueve. Les siguen Cauca, Antioquia, Guaviare, Huila y Valle del Cauca, con tres cada uno; Chocó, dos, y Putumayo, uno.
Falta de respuesta del Gobierno ante la violencia
De las siete entidades a las cuales se les hicieron recomendaciones, a través de la Alerta Temprana 030, solo cinco enviaron respuestas de fondo: la Fiscalía General de la Nación, el Consejo Nacional Electoral, la Unidad Nacional de Protección, el Ministerio de Hacienda y la Procuraduría General de la Nación.
Por su parte, la Presidencia de la República solicitó ampliación de la información, pero no reportó ninguna acción de respuesta a las recomendaciones formuladas.
“En el seguimiento a la Alerta Electoral, encontramos que hay una respuesta estatal reducida y sin claridad en las acciones de protección a las poblaciones en riesgo, tampoco en acciones preventivas”, dijo el defensor del Pueblo.
De otro lado, Carlos Camargo Assis reiteró el llamado para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decrete medidas cautelares y así sean protegidos los derechos de alcaldes, concejales, gobernadores, diputados y personeros, así como los de candidatas y candidatos a las elecciones regionales que han sido amenazados o están en alto riesgo.
Finalmente, reiteró la importancia de que la Procuraduría General de la Nación adelante acciones preventivas y disciplinarias para que sean cumplidas las recomendaciones emitidas en las alertas e informes de seguimiento, y, si se presenta un bajo nivel de cumplimiento de las recomendaciones, sean impuestas las sanciones correspondientes frente a los casos desatendidos.
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