Hay voces a favor y en contra del proyecto de ley que fue radicado el martes 17 de octubre en el Congreso de la República y que busca regular laboralmente el ejercicio de la prostitución. Mientras algunos abogan por su regulación, otros buscan poner fin a estas prácticas.
Dentro de lo presentado ante el Congreso, se propone la incorporación de contratos, en especial los de término indefinido, excluyendo aquellos de prestación de servicios civiles o mercantiles.
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También contempla remuneración justa, que no sea inferior al salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV), vinculación a sindicatos, derechos laborales —tal como lo aplica la ley con cualquier otro trabajador—, afiliación a seguridad social, seguridad y salud en el trabajo (SST).
Vacaciones, licencias de maternidad y paternidad, licencias por luto, primas de servicios, día de la familia y cajas de compensación familiar son otros de los puntos abordados en el controvertido proyecto de ley.
El evento de radicación comenzó con un incidente en la entrada del Congreso, donde varias mujeres afiliadas a la Asociación Sindical de Trabajo Sexual (Astrasex) se encontraron con la negativa del personal de seguridad para ingresar a las instalaciones. La razón que les prohibía el ingreso al recinto legislativo se debió a un letrero que sostenían y que rezaba: “Estamos putas”. Las activistas expresaron su indignación ante esta situación, lo que llevó a una intervención por parte de la congresista Sandra Ramírez, una de las autoras del proyecto en cuestión.
Dicho documento define el trabajo sexual como “cualquier actividad sexual remunerada que se realiza entre dos o más personas mayores de 18 años, de forma voluntaria, libre y sin coerción y en plena facultad de sus capacidades”, dejando de lado, claro está, las prácticas ilegales de explotación sexual, la inducción a la prostitución, el turismo sexual, la pornografía con menores y la trata de blancas.
Mientras que los llamados “clientes” son considerados como aquellos adultos que requieren pagar por servicios sexuales, los cuales tendrán que manifestar su consentimiento entre la trabajadora o trabajador y el cliente; además, dicho consentimiento podrá ser retirado en el momento en que alguna de las dos partes decida retractarse.
Con relación a los “clientes”, para acceder a dichos servicios, estas personas deben contar con chequeos médicos periódicos para la detección de enfermedades de transmisión sexual, el uso obligatorio del condón femenino o masculino, y el trato digno a quien presta los servicios sexuales.
El proyecto de ley establece, dentro de las prácticas consideradas como trabajo sexual al modelaje webcam, el trabajo sexual en espacios públicos, creación de contenido, pornografía, intercambio de servicios sexuales dentro de un establecimiento comercial y el scort (dama de compañía o eventos sociales). También aborda la regulación de los establecimientos vinculados a la práctica del trabajo sexual, englobando locales como clubes, centros de entretenimiento, burdeles, casas de lenocinio, discotecas y cualquier otro lugar que ofrezca servicios sexuales relacionados, independientemente de su denominación. Según el proyecto, estos establecimientos no deberán ser catalogados como ilegales, otorgándoles el derecho a la propiedad y la gestión de sus operaciones comerciales.
“El proyecto de ley es revictimizante”: víctima de explotación sexual
Una de las primeras voces en manifestarse en contra del proyecto de ley promovido por el partido Comunes fue Mary Luz López Henao, víctima de explotación sexual por parte de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), que publicó su historia en el libro anecdótico La guerra me hizo puta.
La escritora agregó que dicho proyecto buscar “romantizar” la prostitución en casos donde mujeres han caído como consecuencia de la violencia, la guerra y el secuestro, como lo fue en su caso.
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