En febrero de 2022, la Fiscalía de Uruguay inició una investigación que revelaría una red de préstamos “gota a gota” y destaparía actividades criminales de reclutamiento forzado de colombianos. La Operación Parce, como fue nombrada, se originó a raíz de la denuncia anónima de un comerciante en la ciudad de Tacuarembó.
Los préstamos pagadiario son una forma de financiamiento a corto plazo en la que las víctimas reciben pequeñas sumas de dinero por las que se les cobran tasas de interés extremadamente altas. En el caso de esta organización, las tasas diarias superaban el 20% del valor inicial, violando toda la regulación uruguaya. Los prestatarios se encontraban atrapados en un ciclo de deuda asfixiante, lo que llevó a las autoridades a acusar a al menos 25 colombianos de usura.
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Lo más impactante de la Operación Parce no fue solo la extorsión financiera, sino también el uso de tácticas violentas para forzar a los deudores a pagar. Los miembros de la organización no dudaban en intimidar a los comerciantes con amenazas y armas de fuego, al punto de llegar al extremo de incendiar propiedades como una forma de presión.
La fiscal departamental, Irena Penza, explicó que los delincuentes utilizaban un software para calcular los intereses según el monto prestado, y el plazo para pagar la deuda era de 20 a 30 días. Además, averiguaban los lugares de estudio de los hijos de las víctimas y llegaban a presentarse en las puertas de las escuelas, exigiendo el pago de las cuotas bajo amenaza de daño personal o de llamar al llamado ‘Supervisor’, que se sabe que manejaba armas de fuego.
Pero recientemente se conoció que los colombianos que perpetraban dichas intimidaciones a los uruguayos, al parecer, no lo hacían por voluntad. Un aspecto alarmante del caso fue el reclutamiento forzado de nacionales por parte de la banda, imitando una práctica que se asemeja a la trata de personas y la explotación sexual.
La organización supuestamente engañaba a personas en Colombia, ofreciéndoles trabajos en Uruguay que finalmente resultaban ser trampas. Muchas de las personas reclutadas desconocían la verdadera naturaleza del trabajo que se les encomendaba.
Los reclutas viajaban a Uruguay con un pasaje de ida, cuyo costo debían reembolsar trabajando durante un año en condiciones de vivienda proporcionadas por sus reclutadores. Estas viviendas estaban restringidas a cualquier visitante ajeno al negocio, aparentemente por razones de seguridad debido a la gran cantidad de dinero en juego.
Una vez en Uruguay, estos reclutas comenzaban a trabajar como cobradores bajo amenazas constantes. Abordaban un vehículo apodado “la ruta” y recorrían diferentes vecindarios para recolectar pagos de los locales y morosos. Una práctica que se hizo tan común, que la operación de los delincuentes se fortaleció y se expandió a varios departamentos, aunque en el último año se centró principalmente en Tacuarembó.
“Esta red reclutaba personas generalmente de nacionalidad colombiana, quienes ingresaban a nuestro país con la promesa de realizar un trabajo que pudiera ayudar a sus familias en Colombia, muchas veces desconociendo cuál era efectivamente el tenor de la tarea a desarrollar”, señala un documento de la Fiscalía Uruguaya.
Las autoridades de ese país, con la información recopilada, diseñó la Operación Parce para desmantelar esta red delictiva. Inicialmente, se identificaron a 40 miembros de la organización que operaban no solo en Tacuarembó sino también en municipios cercanos, y el allanamiento se llevó a cabo en varias etapas y resultó en la detención de 25 individuos, uno de los cuales tenía doble nacionalidad colombo-venezolana.
De los detenidos, 19 fueron enviados a prisión por cargos que incluían usura, asociación para delinquir y violencia privada. A otros seis se les impusieron medidas restrictivas diferentes, como la detención domiciliaria. Estas acciones marcaron un importante avance en la lucha contra las redes de préstamos “gota a gota” y el reclutamiento forzado de personas en Uruguay.
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