Gremio de EPS envió propuesta al Gobierno nacional para que la incluya a la reforma a la salud

Con 63 de los 143 artículos aprobados sigue en el ruedo la reforma a la salud propuesta por el Gobierno nacional, lo que ha dejado un sinsabor entre empresas de salud y diferentes sectores políticos. Sin embargo, parece haber aires de conciliación entre el gabinete del presidente Gustavo Petro y las entidades prestadoras que, por cierto, le hicieron llegar una carta recientemente con una propuesta para permitirle a las EPS continuar con su labor en la gestión del riesgo en salud de la población.

Según le sugirió la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), las EPS afiliadas a la corporación estarían dispuestas a ceder parte de sus funciones y adoptar la transición a gestoras de salud y vida, siempre y cuando se cumplan algunos requisitos que, para el gremio, quedan poco claros en la polémica reforma.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.

Y es que según se conoció en un documento enviado el 4 de octubre por Acemi al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, donde se especifica que actualmente las EPS de Colombia no solo se encargan de administrar la salud, sino que deben asumir el manejo de los dineros para garantizar la atención y los servicios, por lo que la nueva propuesta del gremio al Gobierno nacional es aceptar la transición y quedarse solo con la gestión del riesgo en salud y despegándose de la parte financiera del sistema.

“Lo que las EPS realizan, de acuerdo con la ley, es la administración del riesgo en salud y la financiera. La primera es la representación y agencia del usuario, la conformación de una red y su acompañamiento desde la atención primaria hasta la final. También hacemos administración de riesgo financiero, nos entregan la UPC, se reparte, pero cuando no alcanza, me quiebro.(…) Entonces yo le digo al Estado: hágase usted responsable del riesgo financiero, no me entregue la plata. Y yo le administro integralmente a sus pacientes y págueme el 8 por ciento”, señaló la presidenta de Acemi, Ana María Vesga, en diálogo con El Tiempo.

Según el documento enviado por esa asociación, la parte financiera estaría a cargo de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), que de hecho ya tuvo aprobación en segundo debate para controlar todos los recursos del sistema. Por medio del artículo 61 de la reforma que se tramita en el Congreso, se le daría potestad para ser el único pagador de los servicios en salud en todo el país, por lo que algunos sectores políticos han criticado la concentración de tanto dinero y poder a una sola entidad.

Sin embargo, desde Acemi estarían dispuestos a aceptar dicha reforma, aunque tendrá que garantizarse el pago oportuno de los servicios para los pacientes y la cuota de funcionamiento que exigirían las EPS.

“Con relación al riesgo financiero, se releva a las Gestoras de esta obligación, ahora en cabeza del Estado, quien asigna a la Adres la función de pagador único del sistema. Es importante señalar que, en todo caso, y en cualquier modelo que se adopte, es necesario que se mantenga un Plan de beneficios explícito, único y universal y desde luego que la figura de prima o cápita, hoy (UPC) persista”, se lee en el documento enviado al ministro.

La propuesta del gremio surge como una necesidad para el país de que los colombianos queden en manos de entidades que conocen el funcionamiento de la salud, y no entrar en improvisaciones con nuevas entidades que podrían colapsar el acceso a los servicios. De hecho, criticaron que la reforma no contempla roles específicos ni diferencia los tipos de atención.

“La propuesta de transformación de las EPS en gestoras de salud y vida como se plantea en el proyecto de reforma discutido en el Congreso desconoce en buena medida el alcance de lo que significa la responsabilidad sobre la gestión del riesgo en salud de la población. La ambigüedad en los roles y las responsabilidades, como se señala, por ejemplo, entre las Gestoras, los CAP, y la entidad territorial, desvirtúa la función de agencia de los pacientes y amenaza la atención integral en salud”, concluye el documento.

Asimismo, aseguraron que, de ser aceptada la propuesta, las EPS necesitan un periodo mínimo de 24 meses para hacer la transición y ajustar su modelo servicio, además de fortalecer los mecanismos para la solicitud de dineros y la consignación de las cuotas de funcionamiento.