La situación de los indígenas embera katíos que se encuentran en el parque Nacional parece que no tendrá una rápida solución. Aunque algunos miembros de esta comunidad se han trasladado a Unidades de Protección Integral (UPI), otros voceros señalan que continuarán en los improvisados cambuches del parque hasta tener una solución.
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La masiva llegada de los embera ocurrió en el Parque Nacional el lunes 9 de octubre, por una serie de incumplimientos del Gobierno nacional, según los indígenas. Según algunos testimonios de habitantes aledaños al lugar, cerca de trescientos indígenas fueron vistos en carpas y cambuches.
Por su parte, el secretario de Gobierno, José David Riveros, se reunió la mañana del 10 de octubre con los indígenas, con los que logró llegar a un acuerdo y llevar a cerca de cuarenta de ellos a albergues conocidos como UPI. Sobre la noche de ese mismo martes 10 de octubre confirmó que otros sesenta indígenas fueron trasladados a UPI, mientras que más de un centenar aún permanecían en el parque Nacional:
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Por su parte desde la comunidad Embera, la cual ha sido desplazada de su territorio en Chocó por actores del conflicto armado, solicitan garantías para volver a sus asentamientos, de igual manera han señalado el hacinamiento que hay en las UPI es un problema e inclusive una de las exigencias es que estos albergues sean habilitados en el centro de Bogotá.
Pese al PMU aún continúan diferencias entre algunos indígenas y el distrito por lo que está la preocupación que continúen en el Parque Nacional, desde la Unidad para las Víctimas emitieron en un comunicado respecto a las personas que permanecen en punto emblemático de Bogotá.
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Varios habitantes aledaños al parque han denunciado como ramas y arboles han sido cortados para prender los improvisados fogones de los indígenas, por lo que tienen preocupación por un episodio similar al ocurrido durante el 2021 y 2022, donde personas de la comunidad Embera duraron casi ocho meses en el Parque Nacional solicitándole al Estado garantías. En aquella ocasión se formularon las UPI y el Parque Nacional requirió de una intervención para adecuarlo.
Irregularidades entre contratos del Estado y las comunidades indígenas
El senador Jota Pe Hernández, miembro de la Alianza Verde, presentó una denuncia a través de su cuenta de Twitter, en la que pone de manifiesto millonarios acuerdos entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y las comunidades indígenas en Colombia. Según el político opositor, se han asignado un total de 281 mil millones de pesos en contratos para ocho organizaciones indígenas, de las cincuenta que existen en el país. A continuación, se detallan las asignaciones para algunas de estas organizaciones:
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- Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC): $166 mil millones.
- Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC): $40 mil millones.
- Organización Unidad Indígena del Pueblo Awá (UNIPAC): $20 mil millones.
- Organización Regional Indígena del Valle del Cauca (ORIVAC): $16 mil millones.
- Wayúu: $12 mil millones.
- Tayrona: $11 mil millones.
- Organización Indígena de Antioquia (OIA): $9 mil millones.
- Wayúu 2: $4 mil millones.
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