El empresario Jairo García Cifuentes, junto con Jhon Jairo García Huertas, Mario Alexánder García Huertas, Nadia García Huertas y María Del Carmen Huertas González, fue acusado de comprar facturas en las que relacionaba operaciones de compra de activos y servicios que nunca existieron. A raíz de esta ilegalidad, tanto a García como a sus socios les hicieron extinción de dominios en bienes que suman 34 mil millones de pesos.
Por medio de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, la Fiscalía General de la Nación ordenó que se suspendiera el poder dispositivo de dominio sobre la composición accionaria de una sociedad junto con todos sus activos, los cuales incluían una bodega y ocho automóviles, dentro de los cuales se encontraban de alta gama. Esto se debió por presuntamente evadir responsabilidades tributarias.
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Una extinción de dominio, según la definición de Función Pública, es “una consecuencia patrimonial de actividades ilícitas o que deterioran gravemente la moral social, consistente en la declaración de titularidad a favor del Estado de los bienes a que se refiere esta ley, por sentencia, sin contraprestación ni compensación de naturaleza alguna para el afectado”.
La cantidad en dinero de la afectación patrimonial supera los 34 mil millones de pesos y se tocaron de igual manera las finanzas de las familias de los empresarios implicados en la presunta evasión de responsabilidades tributarias.
Por medio de la supuesta compra de estas facturas, se habrían apropiado del Impuesto del Valor Agregado (IVA) y no fue reportado ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), y por ende, habrían incurrido en un delito. También habrían utilizado los documentos falsos para reducir la base gravable del impuesto de renta.
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, aproximadamente un total de 1.200 firmas habrían participado en generar enriquecimiento ilícito con el que pudieron obtener 12 mil millones de pesos, en detrimento de la hacienda pública.
Días antes a que se diera a conocer la noticia, la defensa de uno de los empresarios, específicamente de Jairo García Cifuentes, le dijo a El Tiempo que se iban a defender de los señalamientos en etapa de juicio, con respecto a la supuesta participación en una trampa a la Dian con la que se produjeron millonarias sumas de dinero, por medio de los cuales se evadieron los impuestos de renta y del IVA.
En cuanto a la extinción de dominio, a Jairo García Cifuentes sus propiedades ubicadas en Bogotá, Cajicá, Sibaté y Cota fueron las que se vieron afectadas por esta medida de las autoridades colombianas.
Estos empresarios, de acuerdo con las autoridades, habrían realizado esta actividad entre los años 2012 y 2016. Es por eso que la Fiscalía General de la Nación busca demostrar en juicio y por medio del proceso de extinción que los empresarios señalados se apropiaron del IVA y no lo reportaron ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), así mismo como dicen que ocurrió con el de renta.
El abogado de Jairo García Cifuentes, Juan Carlos Mahecha, le aseguró de igual manera a El Tiempo que su cliente es inocente y que el proceso apenas inició, razón por la cual se podían defender tal y como lo dice la ley. “El proceso en la Fiscalía de extinción apenas está comenzando, estamos evaluando las acciones legales a seguir, nos vamos a defender”.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que en Colombia, las penas por evasión de impuestos, como presuntamente ocurrió en este caso, son entre cuatro y nueve años. La cual se aplicaría a evasores ante la Dian.
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