El jugoso negocio de tránsito que tendría en sus manos el clan Torres, que habría financiado la campaña de Gustavo Petro

Una tormenta política causó la revelación del interrogatorio que sostuvo Nicolás Petro Burgos, exdiputado del Atlántico e hijo del presidente de la República, Gustavo Petro, con la Fiscalía General de la Nación, en lo que parecía era el inicio de un principio de colaboración en el caso que se le sindica por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

“(Gustavo Petro) sabía perfectamente que Euclides (Torres) era quien financiaba la campaña”, se le escuchó a Petro ante los agentes del ente investigador, en diálogo que se produjo el 2 de agosto de 2023, en las instalaciones del búnker, pero que solo fue divulgado el sábado 30 de septiembre por la revista Semana.

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Palabras que causaron revuelo, pues según el joven político, su progenitor sí sabía de los movimientos en torno a su campaña. Al respecto, toda clase de comentarios se gestaron sobre esta relación de poder, pero en especial por qué es tan importante la figura de este empresario en el entramado en el que se habría desarrollado la aspiración del hoy jefe de Estado.

En el interrogatorio, Petro Burgos confirmó que fue este personaje el que financió el que es recordado el primer acto de campaña del presidente, en su carrera a la Casa de Nariño: el efectuado el 10 de septiembre de 2021 en Barranquilla, y el cual se caracterizó por su logística, pues tuvo una masiva asistencia. Este habría sido de los tantos eventos que habrían sido financiados por el exasambleista.

El negocio de Euclides Torres

Desde que La Silla Vacía publicó el video en el que este hombre aparece en la celebración de la victoria de Petro, el 19 de junio de 2022, y se le ve incluso abrazando al mandatario, la figura de este misterioso empresario ha adquirido mayor relevancia.

A él lo acusan de ser el hombre que además de apoderarse de millonarios contratos de energía, también se ha hecho fuerte en otros campos; a tal punto que habría proyectos tramitados en el Congreso que lo beneficiarían.

El mismo portal publicó que Torres estaría detrás de un rentable negocio que, según reveló el medio, tendría su fin en los trámites obligatorios que deben cumplir los conductores en el país, lo que aumentaría la carga impositiva de los ciudadanos.

Los intereses de los Torres en el negocio los habría llevado a impulsar desde el Congreso de la República una serie de leyes que estarían destinadas a pagar revisiones tecnomecánicas, exámenes de conducción y cursos, mediante lo que sería el sistema Sicov: Sistema de Control y Vigilancia.

El citado portal reveló que la red de empresas a cargo de Torres, con el apoyo de grandes conglomerados, estarían también detrás de jugosas comisiones. Una de ellas es Simetric SA, que se vio beneficiada con estas modificaciones.

A través de la resolución 30560, publicada el 25 de julio de 2019, emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), se formuló pliego de cargos por competencia desleal (cartelización) a diferentes empresas de este clan, y pese a la promesa de que cumplirían con las exigencias de la entidad, se conoció que continuaron con las mismas prácticas.

Uno de los que estaría encargado de promover las iniciativas que beneficiarían las finanzas de esta familia sería el senador del Pacto Histórico Pedro Flórez, quien es acusado de haber sido el enlace para la financiación de la campaña del jefe de Estado.

Una de ellas, detalla el medio, tendría en juego una licitación de 3 billones de pesos, aprovechando la cercanía con el actual Gobierno, para fomentar la “movilidad segura” en el territorio nacional: pues el Sicov se ampliaría a trámites de aviones, trenes, barcos y concesiones viales.

La influencia de esta ponencia hizo que fuera aprobada en bloque y se omitiera el análisis artículo por artículo.

Uno de los artículos que más polémica genera, según se mencionó, es el que se refiere a que desde la Superintendencia de Transporte se implementaría la inspección, vigilancia y control para todos sus vigilados; en otras palabras, lo que les permitiría ingresos millonarios a estas empresas, justamente a través del Sicov, que es la página habilitada.

Llamó la atención que el documento con el que se presentó este proyecto no tenía membrete oficial de alguno de los senadores; pero que sería promovida por el congresista Flórez.

Jugoso negocio

Hasta ahora, los únicos vehículos monitoreados por el sistema de Supertransporte son carros y motos. El Sicov es una herramienta que permite monitorear y registrar todas las operaciones hechas por empresas que emiten licencias de conducción, empresas técnico-mecánicas o empresas de capacitación en manejo de vehículos.

La importancia de esta plataforma radica en que es necesaria para enviar esa información al Runt, que es el centro de control de la información de tránsito del país. Por cada trámite, la cifra percibida estaría entre $25.800 y $104.000, si se pone de ejemplo a Bogotá.

“Según cifras oficiales, desde su puesta en marcha, el Sicov ha recogido alrededor de 186.000 millones de pesos”, reveló La Silla Vacía sobre este asunto.

Dolcey Torres, hermano de Euclides Torres, y que hace parte de la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, es el encargado de que la iniciativa se tramite en esta corporación, como parte del grupo de liberales disidentes al expresidente César Gaviria, y sí cercanos a Gustavo Petro.

Y que además ha tenido a familiares en el legislativo como su hijo, Efraín Torres, y su cuñada Martha Villalba, esposa del exalcalde de Puerto Colombia (Atlántico) Camilo Torres, hermano de Euclides y Dolcey, además de ser aliado del exembajador Armando Benedetti.

Negocio de vieja data

El artículo reseñó que fue en el Plan Nacional de Desarrollo cuando empezó a estudiarse la posibilidad de alcanzar acuerdos para el fortalecimiento del negocio, entre ellos que el tiempo para hacer la revisión tecnomecánica obligatoria se redujera de seis a cinco años, con lo que los ingresos aumentan.

Además, que establecería que los pagos por cursos y pedagogía referentes a la reducción de multas también tendrían que tramitarse en el Sicov, lo que favorecería a los Torres, quienes han estado con los últimos tres gobiernos.

Desde 2011, en el mandato de Juan Manuel Santos, todo empezó a moverse a su favor en el Congreso, pues se crearon las bases para el funcionamiento del Sistema de Control y Vigilancia y logró el apoyo de importantes firmas, como el Grupo Colpatria, en una productiva sociedad que fue recibiendo decisiones que fortalecieron al clan Torres, con llamativos porcentajes de participación.

“También montó una empresa llamada Paynet, que se encarga del recaudo de la plata que pagan los ciudadanos por el Sicov”, detalló La Silla Vacía en su informe periodístico, en el que también muestra cómo ganaba dinero por diferentes frentes: prestación de servicios, comisión por software y recaudo.

Pese a que fue obligado por la SIC a vender algunas de sus empresas, Euclides Torres habría acudido a estrategias de camuflaje empresarial para recuperar en 2022 el poder sobre estas firmas.

Entre las que se destaca Sectegpro, la cual fue vendida a Servicios Especializados de Registro de Información de Tránsito (Serit SAS); no obstante, luego Ilusol, otra compañía del clan, adquirió a Sectegpro y, posteriormente, Kappa Ingeniería –otra firma del clan– compró a Ilusol, en una práctica reiterativa.

Habría que ver qué papel jugaría Ayda Lucy Ospina Arias, la nueva Superintendente de Transporte, que según indicó Petro en la Fiscalía fue nombrada en este cargo por ser cuota de Euclides Torres.