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Gremios eléctricos, conformados principalmente por las asociaciones Andeg, Acolgen, Andesco, SER Colombia, Asocodis y Naturgas, se mostraron inconformes por las recientes declaraciones del ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, en la reciente Asamblea de Usuarios, llevada a cabo el 17 de septiembre en Santa Marta.
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El ministro acusó públicamente a estas compañías de beneficiarse de los subsidios del Gobierno y de aprobar la opción tarifaria sin considerar la opinión de los usuarios, por la alarmante suma de cinco billones de pesos. En sus declaraciones, el funcionario expresó inquietud por la falta de transparencia en la toma de decisiones del sector y afirmó que se ha desarrollado una regulación “a espaldas de la gente”.
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El ministro de Minas y Energía destacó que el presupuesto asignado a su cartera es de siete billones de pesos. Sin embargo, agregó que cinco billones se destinan al financiamiento de subsidios, dejando 1,5 billones para inversión.
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“Si hay evidencias de malos comportamientos por parte de ellas -las empresas-, invitamos a interponer las denuncias que correspondan ante las autoridades pertinentes y a que estas, en derecho, ejerzan sus funciones en tal materia”, afirmaron las asociaciones eléctricas, a través de un comunicado
Los gremios también aseguraron que las acusaciones sin fundamentos pueden perjudicar la confianza entre la institucionalidad pública y privada, lo que terminaría afectando el mercado “donde dicho valor es fundamental, para garantizar el abastecimiento confiable y eficiente, en el presente y el futuro”.
“Es una política de Estado apoyar a los usuarios más vulnerables en el pago de los servicios públicos. Una parte de dicho apoyo se cubre con las contribuciones que pagan los usuarios de estratos 5 y 6, comerciales e industriales y el déficit restante, aproximadamente $5 billones anuales, debe ser cubierto con recursos del Presupuesto General de la Nación”, agregaron los gremios, con relación a las declaraciones del ministro.
Los gremios fueron enfáticos en afirmar que las empresas proveedoras de servicios no retienen los fondos de los subsidios; sino que, por el contrario, los aplican directamente a los usuarios mediante sus facturas y luego el Gobierno realiza los reembolsos mediante procedimientos que aseguran la validez de dicho proceso. Además, revelaron que en la mayoría de los casos, los pagos se han demorado más de lo esperado, llegando al punto de acumular deudas pendientes desde el segundo trimestre del año.
“Estas estrategias son adecuadas y hemos venido apoyando y trabajando en su reglamentación, desarrollo e implementación. Es importante que se indique a los usuarios los mecanismos y recursos con los que se avanzará en esta línea, los criterios de asignación y las garantías de continuidad y prestación del servicio para todos los ciudadanos”, se refierieron los gremios sobre los paneles solares que remplazarían a los subsidios, en declaraciones del ministro de Minas y Energía
Con relación a los señalamientos del funcionario público, en el que asegura que la opción tarifaria que se aprobó para ayudar a los usuarios durante la pandemia se hizo sin consultar a los usuarios, los gremios eléctricos y de gas natural, dijeron: “No es correcto afirmar que las facturas tienen una trampa, o que la regulación se ha hecho a espaldas de la gente”.
“El país y el gobierno deben conocer que el cobro del servicio de energía resulta de la aplicación de una fórmula tarifaria que busca reconocer el costo de la prestación del servicio, actualizando periódicamente las variables de mercado. La opción tarifaria fue una ayuda que se prestó a los usuarios durante la pandemia para aliviar el impacto de las facturas en momentos de bajos ingresos por los aislamientos en los hogares, permitiéndoles pagar en un mayor plazo”, concluyeron.
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