La situación cambió de forma significativa después de que se registrara en un video las difíciles condiciones a las que eran sometidos los trabajadores de una empresa en Ibagué. Los afectados por este trato inhumano, que cuentan con el abogado Camilo Delgado como su representante, manifestaron su intención de buscar una compensación por los abusos y los comportamientos violentos llevados a cabo por sus superiores.
El video, que se volvió viral en las redes sociales, mostraba a los empleados siendo humillados y maltratados por sus jefes, que no solo los insultaban con fuertes groserías, sino que también los sometían a gritos constantes. La indignación pública fue inmediata, y la atención se centró en la empresa detrás de estos abusos, Casta Agroindustrial Ganadera.
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En respuesta a la conmoción causada por el video, el Gobierno nacional tomó medidas contra la empresa y su holding (sociedad de cartera). El Ministerio de Trabajo decidió imponer un cierre temporal de diez días a las empresas Charry Trading y Varchar, ambas relacionadas con Casta Agroindustrial Ganadera.
Esta decisión se tomó debido al “riesgo alto e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, hasta tanto se dé cumplimiento de todas las medidas descritas y se verifique su cumplimiento”, según un comunicado oficial del Ministerio.
Además, las autoridades decidieron transferir el caso a la seccional Tolima de la Fiscalía General de la Nación para una investigación más exhaustiva de los presuntos actos de maltrato laboral.
En medio de la crisis, Gustavo Charry, uno de los directivos señalados en el video, emitió un video público en el que se disculpaba en nombre de la empresa y de su hermano, Diego Charry, también implicado en los abusos.
Sin embargo, las disculpas no parecen ser suficientes para las víctimas y su representante legal, debido a que Delgado anunció que presentará acciones legales en contra de la empresa de la familia Charry. Su objetivo es obtener una compensación por los daños causados a causa de los comportamientos violentos de los encargados de la compañía.
Es importante destacar que, como resultado de la denuncia de estos comportamientos por parte de los empleados y su difusión en las redes sociales, algunos de los trabajadores decidieron renunciar por temor a represalias; sin embargo, el abogado Delgado enfatizó que la Ley 1010 ofrece garantías para evitar este tipo de retaliaciones.
“La primera es que si se llegara a terminar el contrato por parte del empleador, no se tendrán efectos jurídicos”, aclaró. Además, para aquellos que renunciaron debido a la intimidación, tienen derecho a reclamar una indemnización por daños y perjuicios.
En la misma entrevista, el representante legal resaltó que el episodio agresivo al que fueron sometidos los trabajadores podría tener consecuencias penales graves.
“Se buscará determinar las conductas punibles en las que estarían el secuestro simple, amenazas, injuria, entre otros”, afirmó Delgado. Esto significa que los responsables de los abusos podrían enfrentar cargos penales adicionales a las consecuencias legales que ya experimentan a nivel laboral.
A continuación, el video en el que los empleados son objeto de abuso y maltrato
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