
Confrontaciones de versiones, llanto, reclamos, gritos y la pregunta “¿quién dio la orden?”, marcaron las intervenciones de los familiares de víctimas de crímenes extrajudiciales en los tres días de audiencia de reconocimiento adelantados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Yopal (Casanare).
Si bien no estaban todos los allegados de los 296 civiles asesinados por integrantes de la Brigada XVI del Ejército Nacional en este departamento, los presentes a la diligencia participaron y en medio de la incertidumbre al escuchar los testimonios de los exmilitares comparecientes, alegaron mayores aportes a la verdad y responder con certeza quiénes ordenaron esas muertes.
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“Estamos con la familia destrozada. Cada rato hay encuentros y sesiones de esta índole, se nos nombra un tío y nunca nos lo han aclarado. Por favor, pónganse los pantalones y digan ‘es el tío fulano de tal’ porque ustedes no me tienen aquí con engaños ni nada porque yo... ¡Sentí dolor para parir mi hijo para que ustedes se lo tragaran! ¡Se lo tragaron! ¡Le violentaron sus brazos! (...) Ustedes son unos asesinos, ¿por qué me mataron a mi hijo?”, expresó Dilia Cruz, madre de William Salamanca, asesinado por integrantes de la brigada al mando del general (r) Torres Escalante.

Esteban Araque, hijo de Hugo Araque, reclamó a los victimarios ahondar en la manera en que fue asesinado el civil para ser presentado como baja operacional. A la magistratura alegó que los comparecientes no merecen tener beneficios al acogerse a este mecanismo de justicia transicional.
“¿Cómo pueden tener beneficios siendo unos criminales, secuestradores? Reclamamos al presidente y a todos los gobernantes para que vean estos casos y les den —a los jóvenes— la igualdad de trabajo y así mismo, la facilidad de tener una libreta militar, ya que las Fuerzas Armadas no nos reciben”, reclamó. También reveló que luego de estos crímenes, los exmilitares persiguieron a madres e hijos que generaron hechos de desplazamiento forzado.
El joven, que preguntó por su padre en varias ocasiones, hizo mención al grupo especializado Caníbal, que operó en el departamento a través de uniformados expertos en contraguerrilla.
“Quiero decirles que les quedó bien el nombre: Caníbal, ya que como lo dice el mismo —nombre—, comían gente —en otros términos— que eran inocentes”, agregó Esteban con relación al grupo militar y el asesinato de su familiar.
“Fue una audiencia histórica para el territorio y el país”
Al término de la diligencia, y luego de que los 21 exmilitares, incluyendo el general (r) Torres Escalante, reconociera su grado de responsabilidad en estos crímenes, el magistrado Óscar Parra, de la Sala de Reconocimiento de Verdad, resaltó los avances mostrados en los tres días y hallazgos como presiones y competencias por resultados operacionales al interior de las unidades militares.
A su vez, insistió en que los ‘falsos positivos‘ no fueron crímenes aleatorios o ajenos a una política instaurada, sino que hubo factores propios que desencadenaron estos hechos, como presiones en programas radiales para presentar resultados, día tras día. Y un factor en el cual “el cuerpo del enemigo se convirtió en el indicador principal de éxito militar”.
“Se promovieron incentivos perversos, con base legal, pero perversos en términos de la concesión de permisos, planes de bienestar, viajes al exterior, medallas, condecoraciones y se utilizaron regulaciones sobre grupos especiales para la comisión de este tipo de bajas”, detalló también el togado en rueda de prensa.
¿Qué viene ahora?
La magistrada Catalina Díaz dijo que las denuncias desbordaron la capacidad de la JEP para abordarlas, debido a la poca acción de la justicia ordinaria para investigar esos hechos. Después de los días de audiencia, manifestó que hay una tarea pendiente de abordar todos los casos que estén a su alcance.
Sobre la declaración de Torres Escalante y la mención que hizo sobre los generales (r) Mario Montoya y William Quiñones, y la intervención que tuvo el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez con sus exigencias a las tropas de presentar resultados operacionales, la magistratura anunció que seguirá escuchando a las organizaciones de víctimas y al Ministerio Público.
“Tenemos que hilar muchos de los aspectos que el general ha ido señalando y poco a poco profundizaremos en la decisión de la JEP en esa materia”, concluyó Parra. Vale mencionar que el tribunal no puede investigar a expresidentes por el fuero, pero sí los escuchará en caso de que se presenten de manera voluntaria o cuando el tribunal los cite solo a declarar.
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