La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa al gobernador de Chocó, Ariel Palacios Calderón, y al secretario de Integración Social, Boris Andrés Peña Mosquera, por la presunta omisión para garantizar los servicios del Programa de Alimentación Escolar (PAE), con lo que pudieron verse afectados más de 60 mil niños y adolescentes del departamento.
La Regional de Instrucción de Chocó sostuvo que en este segundo semestre de 2023 la operación habría sido suspendida, y que a pesar de que los menores retomaron sus actividades académicas desde inicios de julio, y del compromiso de normalizar el PAE desde el 15 de agosto, en 16 municipios no hubo suministro de alimentos.
Por la misma razón, el Ministerio Público abrió investigaciones disciplinarias a los alcaldes municipales de Carmen de Atrato, Bahía Solano, Medio San Juan, Medio Atrato, Río Quito, Río Iro, Bojayá, Condoto, Bajo Baudó, Nóvita, Lloró, Cantón de San Pablo, Río Sucio, Medio Baudó, Sipí y Nuquí, lugares en los que tampoco se ha cumplido con los compromisos adquiridos en materia de alimentación escolar.
El Ministerio Público decretó la práctica de varias pruebas tendientes al esclarecimiento de la situación y señaló que la actuación disciplinaria busca determinar la ocurrencia de la conducta, establecer si es constitutiva de falta disciplinaria y definir si se actuó o no al amparo de alguna causal de exclusión de responsabilidad.
Otros líos jurídicos del gobernador
En marzo de 2022, una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia a Ariel Palacios por presuntas irregularidades en la contratación de elementos destinados a atender la emergencia por covid 19. Asimismo, decidió suspenderlo de su cargo como gobernador del departamento de Chocó.
Según la Fiscalía General de la Nación(FGN), se presentaron presuntos actos de corrupción en medio de la urgencia manifiesta que se declaró en 2020.
“El mandatario local, mediante el decreto 0081 del 20 de marzo de 2020, declaró la urgencia manifiesta en el departamento para disponer de recursos y cubrir programas de salud pública para atender las necesidades ocasionadas por la covid-19. Al amparo de este acto administrativo, la Gobernación celebró de manera directa el contrato 003 del 3 de abril de 2020, para adquirir elementos de bioseguridad por un valor de $220′375.148. La modalidad de contratación estaba permitida ante el estado de emergencia que enfrenta el país; sin embargo, el material de prueba obtenido por la Fiscalía puso en evidencia varias inconsistencias”, indicó el ente acusador en su momento.
Finalmente, la Fiscalía señaló que Ariel Palacios no habría verificado el cumplimiento de los requisitos esenciales, entre ellos la publicación del contrato en el Sistema Electrónico de Contratación Pública-Secop de manera oportuna.
Palacios no remitió dicho decreto en el que se declaró la urgencia manifiesta a la Contraloría General de la República. Tampoco presentó los soportes del proceso de contratación, como lo exige la ley. Estos documentos solo fueron entregados a petición del ente investigador.
Luego, en abril de 2023, la Sala Penal del Tribunal de Bogotá lo dejó en libertad por vencimiento de términos. Esto, en respuesta a la defensa del exgobernador departamental, la cual reclamó que ya se había cumplido el tiempo razonable para que se radicara el escrito de acusación y se iniciara el juicio ante la Corte Suprema de Justicia, por los delitos de celebración indebida de contratos y prevaricato por omisión.
El plazo es de 120 días y Palacios llevaba 259 días privado de la libertad en su residencia. Durante ese tiempo no se comenzó el juicio en su contra. Por eso, el Tribunal de Bogotá le concedió la libertad mientras sigue el proceso penal.
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