La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) facilitó la recuperación de recursos por $78.661 millones para 32 clínicas y hospitales de los departamentos de Atlántico, Magdalena, Córdoba y Sucre, tras una jornada de conciliación desarrollada la semana pasada en Barranquilla, capital atlanticense.
En total, se suscribieron 23 acuerdos por $5.878 millones y se evidenciaron pagos por otros $72.783 millones por medio de 17 desistimientos que se dieron por los acercamientos entre los institutos prestadores de salud (IPS) y entidades promotoras de salud (EPS) a través de la gestión promovida por la Superintendencia Delegada para la Función Jurisdiccional y de Conciliación.
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Del total de los acuerdos suscritos, cuatro se hicieron con instituciones de la red pública por $2.390 millones y 19 con la red privada, que ascienden a $3.487 millones.
Durante la jornada de conciliación extrajudicial en derecho lograron saneamiento de recursos instituciones públicas y privadas de los municipios de Corozal (Sucre), Ciénaga, El Banco y Fundación (Magdalena), Montelíbano, Chinú, Lorica (Córdoba), así como de las ciudades de Sincelejo (Sucre), Santa Marta (Magdalena), Barranquilla (Atlántico), Montería (Córdoba) y Cartagena (Bolívar).
IPS públicas y privadas beneficiadas
Los dos hospitales que mayores cuantías acordaron y recuperaron son la ESE Hospital Universitario de Sincelejo, con $1.849 millones; y la ESE Hospital Julio Méndez Barreneche, de Magdalena, con $533 millones.
Este último hospital logró también recursos por $13.763 millones, luego de los desistimientos alcanzados con la entidad responsable del pago.
Por su parte, las instituciones prestadoras de salud de la red privada que recuperaron la mayor cantidad de recursos, ya sea por acuerdos conciliatorios o desistimientos son las siguientes:
- IPS Salud a su Hogar de Colombia, de Montería: $30.608 millones.
- Clínica Especializada la Concepción, de Sincelejo: $23.359 millones.
- IPS Fundación Amigos de la Salud, de Montería: $1.548 millones.
- Clínica Materno Infantil Casa del Niño, de Montería: $1.380 millones.
- Fundación Policlínica Ciénaga, de Ciénaga: $949 millones.
- IPS House Care Medical, de Barranquilla: $750 millones.
- Clínica de la Costa Ltda., de Barranquilla: $571 millones.
- IPS Servicios Médicos Olimpus, de Santa Marta: $491 millones.
- Clínica Universitaria Medicina Integral, de Montería: $423 millones.
- Inversiones Azalud Clínica Bahía, de Santa Marta: $421 millones.
- Instituto Neuropsiquiatrico Nuestra Señora del Carmen, Insecar, de Santa Marta: $401 millones.
Durante la gestión del superintendente Nacional de Salud, Ulahí Beltrán López, por medio del mecanismo de conciliación la Supersalud se posibilitó el saneamiento de cartera por más de $1,06 billones de para 655 hospitales, clínicas y centros de salud de todo el país.
La posición de la Supersalud tras la polémica desatada por las cajas de compensación familiar
La Superintendencia de Salud emitió un comunicado en el que se refirió a la situación de las EPS Sanitas, Sura y Compensar, que han sido objeto de críticas de algunos usuarios y autoridades. El pronunciamiento del ente de control se dio luego de la polémica que se desató por la crisis por la que estaría pasando el sector salud en el país y advirtieron que en caso de no hallarse una solución a esta crisis, podrían tener problemas para operar después de septiembre de 2023.
Las entidades, que reúnen a más de 13 millones de afiliados, afirmaron que tienen cifras en rojo que ya afectan la prestación de los servicios de salud.
Luego de esa carta la Superintendencia de Salud también emitió un comunicado el 24 de agosto, en el que el superintendente Nacional de Salud, Ulahí Beltrán López, indicó que todos los colombianos tienen derecho a exigir una atención en salud digna y que las EPS tiene el deber de garantizar que la población esté asegurada, de acuerdo con las normas vigentes, mientras estas continúen recibiendo los recursos que el Estado les da.
Así mismo, el funcionario enfatizó que la Superintendencia de Salud hace seguimiento estricto para que se garantice la prestación de los servicios a todos los afiliados. Y también hizo un llamado a que se haga buen uso de los recursos públicos del sistema, para que se pueda hacer efectivo el derecho fundamental a la salud, contemplado en la Constitución Política.
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