
Si bien el exmagistrado Francisco Ricaurte cumple una condena de 16 años de prisión por el Cartel de la toga, durante el lunes 31 de julio se conoció que nuevamente irá a juicio en otro proceso que tiene abierto por este escándalo de corrupción judicial.
En esta nueva presentación ante los estrados, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia sería el responsable de desviar los procesos que reposaban en ese tribunal contra Nilton Córdoba y Argenis Velásquez, ambos excongresistas del Partido Liberal.
Antes de su llamado, la defensa había solicitado anular esa acusación, pero un juez del Juzgado Tercero Penal del Circuito de Bogotá la negó y las pesquisas continuaron por hechos cometidos entre 2015 y 2016. En ese periodo, Ricaurte habría aceptado una coima para sobornar al magistrado auxiliar de la Corte Suprema, Camilo Ruiz.
Según las pesquisas, Ricaurte le pidió a este torcer los procesos que cursaban en contra de los otrora representantes a la Cámara de Chocó y Putumayo, respectivamente. Estos tenían un enlace que terminó siendo una pieza clave en la recepción de los sobornos: el entonces abogado Luis Gustavo Moreno, condenado por corrupción cuando fungía como fiscal contra este delito.
Moreno Rivera sirvió como tercero en la transacción entre Ricaurte y el magistrado auxiliar que para ese entonces trabajaba de la mano con el despacho de Gustavo Enrique Malo, también condenado por el Cartel de la Toga. Las partes llegaban a un acuerdo en el que Ruiz impedía el avance de las indagaciones contra los excongresistas (incluyendo órdenes de captura u otras decisiones en la Corte) a cambio de altas sumas de dinero.
En enero de 2023, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos a Ricaurte por los sobornos a cambio de la protección de estos exrepresentantes a la Cámara, y en 2021 había sido condenado a 19 años de prisión por la misma conducta delictiva, pero para beneficiar a los congresistas Álvaro Ashton y Musa Besaile. Sin embargo, en diciembre de ese año el Tribunal Superior de Bogotá rebajó su pena a 16 años y cinco meses.
Tras esta sentencia, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial confirmó mediante un fallo de segunda instancia la decisión de excluir a Ricaurte de la profesión de abogado. Ya había sido expulsado de su oficio tras una determinación de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, pero presentó un recurso de apelación bajo el argumento de que la acción había prescrito.
Pese a ello, la Comisión Nacional precisó que la ratificación tuvo como principal sustento el testimonio de Luis Gustavo Moreno, que indicó una intervención de Ricaurte en sobornos para entorpecer investigaciones de congresistas ante la Corte Suprema.
Previo a este llamado a juicio, una de las más recientes decisiones fue el retorno de Moreno al ejercicio de abogado por vencimiento de términos luego de la prescripción de su proceso en segunda instancia dentro de la Comisión de Disciplina.
Este hecho se conoció tras la reaparición del exfiscal anticorrupción en los estrados judiciales como abogado defensor del dragoneante Cristián Oviedo Mogollón, que lleva un proceso en su contra por hechos de corrupción en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
En la audiencia que se llevó a cabo de forma virtual el excondenado también tuvo un altercado con el juez que lleva el caso, al punto que renunció al poder en la misma diligencia y se retiró de la diligencia sin dar mayores detalles. Esto podría tener una nueva consecuencia en su contra, como otro proceso disciplinario por impedir el desarrollo de esta parte del proceso.
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