Piedad Córdoba pidió que retiren de su caso a la magistrada Cristina Lombana: estas son las bases de la investigación en contra de la senadora

Durante el segundo gobierno de Álvaro Uribe se desataron controversias en torno a Piedad Córdoba, debido a acusaciones que la vinculan con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y el régimen de Venezuela bajo el mandato del fallecido Hugo Chávez.

Según informes de varios años, las Farc habrían estado preparando a Córdoba para que aspirara a la Presidencia de Colombia, lo cual ha sido negado por ella, pero generó una amplia investigación por parte de la Corte Suprema de Justicia.

Las acusaciones contra la senadora fueron basadas en el testimonio de un ucraniano que se infiltró en las filas de las Farc y presenció reuniones entre los líderes guerrilleros y Córdoba. Según este testigo, la guerrilla quería respaldar activamente a Córdoba para que llegara a la presidencia y la apoyaba con votos en diferentes municipios.

El ucraniano, quien se presentó ante las autoridades colombianas como un mero profesor de geografía, afirmó que siguió el rastro de las Farc y llegó al corazón del campamento del frente 30. Sin entrar en detalles, Tomnyuk se remontó al año 2010 y mencionó que Mincho coordinó un encuentro en Palmira con gastos cubiertos, en el cual afirmó que Piedad Córdoba estuvo presente, aseguró que tenía fotos.

Otra figura clave en el caso es la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, que de acuerdo con su testimonio, desde la década de 1990, en los pasillos del Congreso colombiano se sabía que Piedad Córdoba mantenía una estrecha relación con la guerrilla y que, incluso, presumía de ello.

Según Betancourt, mientras estuvo secuestrada por las Farc, entre 2002 y 2008, pudo darse cuenta de que el grupo armado consideraba a Córdoba como una persona de confianza. Así mismo, señaló que la senadora electa mantenía relaciones con los jefes subversivos, incluso, Córdoba le ofreció concretar una cita con Manuel Marulanda, alias Tirofijo.

Estos testimonios, más las sospechas en torno a la senadora, han llevado a que la Corte Suprema a investigarla por posibles delitos de rebelión y colaboración con grupos armados.

Además de las acusaciones relacionadas con las Farc, Piedad Córdoba también ha sido objeto de señalamientos por su presunta cercanía con el gobierno de Venezuela bajo el mandato de Hugo Chávez, de acuerdo con Andrés Vázquez, el exasesor de la senadora, la figura política habría establecido vínculos cada vez más estrechos con el gobierno chavista.

En un principio, su objetivo era llegar a la Presidencia de Colombia, pero su familia le habría aconsejado que necesitaba fondos para financiar sus ambiciones políticas; según Vázquez, Córdoba habría utilizado su influencia para presentar empresarios al gobierno venezolano y, a cambio, recibir pagos que le permitieron financiar sus campañas políticas y otros gastos.

Por eso, a la senadora se le cuestiona cómo pudo adquirir un costoso apartamento en el centro de Bogotá, pues las sospechas indican que el valor real del inmueble podría haber sido superior a lo que ella declaró haber pagado. El origen de estas grandes sumas de dinero y la forma en que fueron utilizadas para financiar campañas políticas y otros gastos continúan siendo objeto de escrutinio.

Por otro lado, la defensa de la senadora debatió la imparcialidad de la magistrada Cristina Lombana, que lidera la investigación de la Corte Suprema sobre el caso de Piedad Córdoba, debido a su pasado en el Ejército durante el gobierno de Álvaro Uribe. La defensa pidió que la magistrada sea apartada del caso para garantizar un proceso justo y objetivo.

En cuanto a la respuesta a las acusaciones y pruebas presentadas en su contra, Piedad Córdoba reiteró que financió sus campañas políticas a través de préstamos bancarios, además, anunció que no asistirá a la audiencia convocada por la Corte Suprema el próximo 28 de julio.