Los patrulleros de la Policía Óscar Alexander Márquez Rojas y Wilmer Andrés Ricaurte Pinilla fueron llamados a juicio disciplinario por la Procuraduría, por la muerte de tres personas en Soacha durante las protestas del 9 de septiembre del 2020.
De acuerdo con la Procuraduría, los patrulleros Márquez Rojas y Ricaurte Pinilla están relacionados con las muertes de Anthony Gabriel Estrada Espinoza, Lorwan Stiwen Mendoza Aya y Cristian Andrés Hurtado, quienes tuvieron un deceso violento causado por arma de fuego, según Medicina Legal.
La entidad disciplinaria cuestionó las acciones del policía Óscar Márquez Rojas, quien para entonces era integrante de patrulla de vigilancia de la estación de Policía León XIII, de la Policía Metropolitana de Soacha. “Posiblemente de manera deliberada y como consecuencia del exceso en el uso de su arma, causó la muerte de Anthony Gabriel Estrada Espinoza y daños a una residencia del sector”, aseveró la Procuraduría.
Por otra parte, al patrullero Wilmer Andrés Ricaurte Pinilla, gestor de participación ciudadana de la estación de Policía León XIII, se le señaló de haber manipulado su pistola de dotación de forma imprudente cuando se produjo un enfrentamiento entre los uniformados y algunos manifestantes.
La Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción para la Fuerza Pública señaló que la conducta de los dos uniformados fue: “gravísima a título de dolo para Márquez Rojas y con culpa gravísima en el caso de Ricaurte Pinilla”.
Adicionalmente la entidad señaló que hasta el momento sólo se ha podido esclarecer la muerte de Anthony Gabriel Estrada, pero fue enfática en asegurar que las vidas que se perdieron durante el estallido social fueron por el uso indebido de las armas de fuego por parte de la Fuerza Pública.
Tres años del 9S
En la noche de protestas del 9 de septiembre del 2020 en Bogotá y Soacha murieron 11 personas y otras 218 resultaron heridas a causa de los enfrentamientos contra la Policía, que según múltiples denuncias usó su armamento de dotación en contra de la población civil.
Casi tres años después del estallido social, los familiares de las víctimas piden que no solo imputen y condenen a los patrulleros que dispararon sus armas, sino también a los oficiales que dieron las órdenes de ejecutar a los ciudadanos.
“Fue una orden de alto mando y se debe asumir una responsabilidad, la cual están evadiendo por todos lados. En estos momentos queremos la reparación frente a los hechos y que nos digan: ¿Qué fue lo que pasó? Que no se vuelva a repetir para otras familias que llevamos en este trasegar casi tres años”, le dijo a El Espectador Yarledis Hurtado, hermana de Cristian Andrés Hurtado, presuntamente asesinado los patrulleros Óscar Alexander Márquez Rojas o Wilmer Andrés Ricaurte Pinilla.
Además de la investigación de la Procuraduría, Óscar Alexander Márquez Rojas tiene en su contra un proceso penal desde el 2021, cuando fue capturado por el delito de homicidio por orden de la Fiscalía General de la Nación.
Según estableció el ente investigador: “Las pruebas técnicas y las valoraciones de balística indican que el uniformado (Óscar Alexander Márquez Rojas) fue quien al parecer accionó su arma de dotación en contra de la víctima (Anthony Estrada Espinoza)”.
En medio del proceso penal el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y el abogado Alirio Uribe, actual congresista, señalaron que el uniformado de la Policía también incurrió en el delito de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.
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