
La situación medioambiental en la represa La Palaya, en Tuta, ha ido empeorando los últimos meses por cuenta de la contaminación generada por aguas residuales que llegan al embalse, provenientes de varios municipios del departamento de Boyacá.
En su más reciente visita a la región, un equipo técnico de la Defensoría del Pueblo evidenció malos olores, mosquitos y zancudos ocasionados por vertimientos de agua residuales que llegan desde Cómbita, Tunja, Oicatá y Tuta.
A estos se suman otros lixiviados generados por los centros penitenciarios y carcelarios El Barne y Cómbita, los cuales han provocado un escenario de eutrofización, que quiere decir la proliferación de algas, las cuales han invadido gran parte del espejo de agua de La Playa.
Esta situación que está causando deterioro en el ecosistema es preocupante porque también se convierte en un problema de salud pública debido a las implicaciones negativas que tiene en los humanos. En los municipios que rodean la represa La Playa, cerca de 6.000 habitantes se han visto afectados por las aguas contaminadas.
Expertos han reiterado en varias oportunidades que el agua contaminada y el saneamiento deficiente están relacionados con la transmisión de enfermedades como el cólera, otras diarreas, la disentería, la hepatitis A, la fiebre tifoidea y la poliomielitis.
Por eso, la Defensoría hizo un llamado urgente al Gobierno para que se tomen medidas necesarias que contrarresten la contaminación del embalse. Entre las acciones que solicitó está que se destinen los recursos para terminar una planta de tratamiento de aguas residuales:
“Hago un llamado a las entidades gubernamentales, en particular al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, para que destinen los recursos que permitan terminar el cuarto módulo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, PTAR, en Tunja, y sean construidas las correspondientes en Cómbita, Oicatá y Tuta, en Boyacá, para disminuir la carga contaminante que llega al embalse La Playa”, dijo el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
La solicitud la hizo luego de un trabajo realizado en terreno: “Nos reunimos con las comunidades que nos solicitaron verificar la contaminación presentada en el embalse; también con los voceros de los cinco municipios del departamento afectados, quienes nos pidieron interceder para que las entidades cumplan con lo ordenado en la acción popular interpuesta hace 23 años”.

Respecto de las causas que están generando este problema medioambiental en la región, destacó: “Es oportuno señalar que uno de los factores que genera mayor contaminación en la represa es el no estar consolidados la construcción y puesta en marcha del cuarto módulo de la PTAR de la capital de los boyacenses”, precisó Carlos Camargo Assis.
Así mismo, solicitó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) tomar las medidas pertinentes para garantizar que las plantas de tratamiento de las cárceles El Barne y Cómbita cumplan con los límites normativos vigentes y soliciten el permiso de vertimientos para que, de esta manera, no afecten a las comunidades.
“También hago un llamado a Corpoboyacá, a la Agencia de Desarrollo Rural y a Usochicamocha para que implementen mecanismos que sean técnicamente viables para la descontaminación del embalse, la gestión del buchón de agua, y para que se hagan periódicamente las fumigaciones que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades, a las que se les están afectando sus derechos a un ambiente sano y a la salud”, puntualizó el defensor.
Cabe recordar que hace 23 años, voceros de los cinco municipios afectados por la contaminación de la represa La Playa interpusieron una acción popular. En su momento, este recurso fue resulto por el Tribunal Administrativo de Boyacá el cual atribuyó responsabilidades a las entidades ya mencionadas.
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