Cartel en el que participaban funcionarios del Invima traficaba con medicamentos falsos para enfermedades mortales

La Fiscalía General de la Nación desarticuló una red criminal identificada como el Cartel de los medicamentos de la muerte, que se encargaba de traficar medicinas falsas de alto costo y eran adquiridas en el mercado negro.

Después de llevar a cabo varias investigaciones y seguir algunas pistas, el ente investigador conoció que los medicamentos traficados eran en su mayoría oncológicos, para atender tratamientos de pacientes con cáncer, VIH, y enfermedades huérfanas, sin embargo, las autoridades confirmaron que estos medicamentos mataban a las personas.

De acuerdo con un informe preliminar del CTI de la Fiscalía, se conoció que esta red de medicamentos contaba con la ayuda de médicos de las EPS (Entidades Prestadoras de Salud) y funcionarios del Invima (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos). Estas personas eran las encargadas de legalizar los medicamentos en el país para ser vendidos.

El ente investigador afirmó que el Cartel de los medicamentos de la muerte ejecutaba sus negocios en Bogotá y Barranquilla, especialmente desde Venezuela y los transportaban en buses intermunicipales con ayuda de los conductores o por medio de encomiendas desde empresas de mensajería.

Durante la investigación de la Fiscalía señala que, Diana Carolina Bernal Ferro, hoy capturada y representante legal de una de las farmacéuticas que adquiría la medicina falsa, al parecer, habría sobornado a funcionarios del INVIMA.

“Usted también ha entregado sumas de dinero a funcionarios del INVIMA para borrar multas y sanciones que le han impuesto”.

Además, en la audiencia, el ente investigador reveló que la empresaria de los medicamentos oncológicos alterados, tenía de ayudante en el INVIIMA a Sergio Fabián Ramírez, también capturado, ese exfuncionario trabajó hasta abril pasado en esa entidad, y de esta manera el exfuncionario obtenía los permisos falsos.

“A través de esta persona y haciendo uso de ese cargo y esas influencias que él ha podido ejercer sobre otros funcionarios del INVIMA que tienen a su cargo expedir estos registros sanitarios, resoluciones y licencias que permitan a farmacéuticas importar medicamentos vitales no disponibles y de alto costo utilizados para el tratamiento de enfermedades fuertes”, expresó la fiscal.

¿Cómo se dio con la captura de estas personas?

Por medio de una denuncia que interpuso la oficina jurídica de un laboratorio llamado ICLUSIG, un fármaco vital que ayuda y se suministra a pacientes con leucemia, inició la investigación.

Hay que tener en cuenta que el medicamento no se comercializa en una farmacia cualquiera, es de baja rentabilidad y no hay muchas cantidades en Colombia.

De esta manera, la Fiscalía detalló que, esa red criminal, suministró medicamentos oncológicos a clínicas como Los Cobos, el Hospital San Ignacio, Universidad Nacional, Hospital Méderi y Hospital San Juan de Dios, poniendo en grave peligro la salud de los pacientes en esos lugares.

¿Cómo operaban?

De acuerdo con información revelada por la Fiscalía, el Cartel de los medicamentos de la muerte estudiaba bases de datos y se encargaba de encontrar pacientes con enfermedades catastróficas como cáncer o Sida. Es así como podían ofrecer estos medicamentos por medio de las EPS para que, luego de interponer una tutela, los pudieran adquirir a un buen precio.

Después buscaban médicos y funcionarios del Invima para que, a cambio de coimas, ayudaran a pasar la medicina como originales para los pacientes, sin que nadie se diera cuenta. Además, los conseguían a través de importaciones de proveedores en Estados Unidos, India, China, los cuales resultan ser falsificados.

El miércoles 5 de julio, las autoridades realizaron 17 operativos de allanamientos y lograron incautar cerca de 800 kilos de medicamentos de alto costo para ser vendidos, con un valor comercial aproximado de cuatrocientos millones de pesos ($400.000.000).

Las 13 personas capturadas fueron imputadas con los delitos de usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de obtentores de variedades vegetales, corrupción de alimentos, medicamentos o material profiláctico, concierto para delinquir, enajenación ilegal de medicamentos y cohecho por dar u ofrecer.