La procuradora general dijo que, en medio del cese al fuego, los grupos armados imponen candidatos para las elecciones regionales

El próximo 29 de octubre se celebrarán los comicios regionales en Colombia y la procuradora Margarita Cabello mostró preocupación por las acciones de los distintos grupos armados, que en medio del cese al fuego contemplado por el Gobierno nacional presionan candidatos e incluso avalan aspirantes para las elecciones de gobernaciones y alcaldías.

En entrevista con El Tiempo, Cabello resaltó las múltiples denuncias de gobernadores y alcaldes sobre la injerencia política de grupos como el ELN, las disidencias de las Farc y el clan del Golfo en las regiones periféricas del país, donde la situación de orden público es preocupante.

“Estamos pensando seriamente en que se hace necesario convocar a una sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana para abordar esos temas y buscar soluciones (...). El manejo del cese al fuego con el ELN ha generado más incertidumbre y más angustias para el país, porque esos ceses al fuego anunciados llegan en un momento en el que la situación de orden público se ha exacerbado”, aseveró la procuradora.

Cabello indicó que desde la Procuraduría buscan garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos y están preocupados porque han podido evidenciar una relación directa y altos riesgos entre los ceses de fuego, el orden público y el certamen electoral que vamos a tener en octubre.

“Puedo decir que lo que nos dicen gobernadores, alcaldes y personeros es que no se sienten con garantías de seguridad. Hay 110 personeros amenazados en este momento en el país; hay varios alcaldes que no pueden despachar desde sus propios municipios. En cada ciudad las extorsiones están a flor de piel”, aseveró Margarita Cabello.

Tal es el caso del gobernador de Sucre Héctor Olimpo Espinosa, quien denunció hace un mes presión del clan del Golfo hacia el 70% de candidatos a las alcaldías del departamento, generando violencia política e induciéndolos incluso a desistir de sus aspiraciones políticas.

“El Clan del Golfo está presionando a los candidatos en algunos municipios del departamento de Sucre, quitándoles plata para dejarlos hacer política y además haciendo que algunos asuman compromiso con ellos para el gobierno de contrato y espacios políticos”, indicó el mandatario de los sucreños.

El gobernador de Sucre indicó que las amenazas, presiones y violencia política se agudizan más en las subregiones de la La Mojana y San Jorge, algunos municipios de la región sabana y municipios de los Montes de María. “Tengo certeza de por lo menos 10 casos y tengo rumores de muchísimos más”, agregó Espinosa.

Otro caso puntual se dio con la hija del famoso cantante vallenato Alfonso ‘Poncho’ Zuleta, quien actualmente es diputada del Cesar y era precandidata a la Gobernación de ese municipio; sin embargo, declinó su candidatura por las múltiples amenazas que recibió el artista a causa de sus actividades políticas.

El pasado viernes 30 de junio, Claudia Zuleta envió una carta al Directorio Departamental del Cesar en la que confirmaba su renuncia a la candidatura. “En virtud del acaecimiento de circunstancias absolutamente personales y familiares, me veo en la obligación de desistir de la intención manifestada de manera verbal de presentarme como candidata a la gobernación del Cesar por el partido Centro Democrático”, dijo la diputada.

De acuerdo con Claudia Zuleta, las amenazas de muerte y los hostigamientos llegaron al teléfono de su padre y los delincuentes se identificaron en algunos momentos como integrantes del ELN, mientras que en otras oportunidades dijeron ser parte de otros grupos criminales que delinquen en la región.

Margarita Cabello expresó que desde algunas regiones hay denuncias que los grupos criminales llegan a poner sus propios candidatos políticos y carnetizan a la población para las votaciones, incurriendo en el delito de constreñimiento al elector.

Finalmente, la procuradora general indicó que desde la entidad han hecho un llamado al Gobierno nacional frente a esa coordinación y articulación que tiene que existir entre las autoridades del nivel nacional y territorial. “Esto nos obliga como Procuraduría a hacer las alertas, y las hacemos no por persecución al Gobierno, como a veces nos dicen, sino como apoyo al Gobierno para evitar que estas situaciones ocurran”, agregó Margarita Cabello.