Piden intervención en Chocó por acciones armadas del ELN y alteraciones del orden público

Pese a que el Ejército de Liberación Nacional se comprometió al cese de actividades contra la fuerza pública, circuló un audio que causó temor entre las comunidades

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Los enfrentamientos entre grupos armados ilegales han dejado como resultado asesinatos de lideres sociales, secuestros y varios eventos de desplazamientos forzados masivos y confinamientos. Foto: Gobernación de Chocó.
Los enfrentamientos entre grupos armados ilegales han dejado como resultado asesinatos de lideres sociales, secuestros y varios eventos de desplazamientos forzados masivos y confinamientos. Foto: Gobernación de Chocó.

A pesar de la reciente firma del cese al fuego por parte del Gobierno nacional, hay incertidumbre por la crisis humanitaria que vive la región del Chocó por causa de los constantes enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo, que han dejado como resultado asesinatos y secuestros de líderes sociales y miembros de la fuerza pública, además de varios eventos de desplazamientos forzados masivos y confinamientos en lo que va de 2023.

Ante la gravedad de la situación; el gobernador de Chocó, Ariel Palacios Calderón, hizo un llamado al presidente Gustavo Petro y al Gobierno nacional para que tome medidas urgentes debido a las alteraciones del orden público y al reciente paro armado declarado por parte del ELN.

El mandatario señaló que,“es un llamado de urgencia al Gobierno nacional, para que nos permita que los chocoanos vivamos en paz, en el consejo de seguridad tocamos todos esos temas”.

Además, manifestó su preocupación por las inscripciones de cédulas en algunos municipios en donde se presencian dichos enfrentamientos como Sipí, Nóvita y Medio San Juan y que requieren el acompañamiento de la fuerza pública a los delegados de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

El gobernador aseguró que, “los miembros de la Registraduría necesitan hacer un proceso de inscripciones y hay dificultades para esos funcionarios desplazarse. Deben haber garantías constitucionales para que estos puedan realizar sus funciones y así, que los habitantes puedan sufragar el día de las elecciones”.

La Gobernación del Chocó, hace un llamado urgente a Gustavo Petro para que se establezca una pronta solución, a la delicada crisis de orden público, que se vive en el departamento, por cuenta de los enfrentamientos entre grupos al margen de la ley. @GobChoco/Twitter

Aunque el ELN ya había anunciado cese de actividades contra la fuerza pública y de Policía a partir del 6 de julio de 2023, se dio a conocer días atrás un audio que causó temor en las comunidades y el cual ha causado incertidumbre por lo que vaya a pasar en el departamento.

En dicho audio habla un hombre, alias Gerson, comandante del Frente de Guerra Occidental del ELN declarando un paro armado: “Debido a estas acciones contra la población civil declaramos un paro armado indefinido desde las 00 horas del día 4 de julio 2023 en toda la región del San Juan, Sipí, Cajón y todos sus afluentes. Llamamos a todos los habitantes y transportadores para que se abstengan de circular en el territorio mientras esté vigente dicha orden”, aseguró.

Seguey Palacios Martínez, personero de Sipí, dio peso a lo dicho en el audio al indicar que 150 personas estarían confinadas y que varias salieron de sus territorios antes del inicio del presunto paro.

Por su parte, el ministro de Defensa, Iván Velázquez, hizo un llamado a las estructuras del ELN para que cumplan con las órdenes de sus cabecillas, quienes se habían comprometido con el cese al fuego.

Aproximadamente 786 familias han resultado afectadas por el conflicto entre grupos armados ilegales en el Chocó, lo que se traduce en unas 1.940 personas. REUTERS/Albeiro Lopera
Aproximadamente 786 familias han resultado afectadas por el conflicto entre grupos armados ilegales en el Chocó, lo que se traduce en unas 1.940 personas. REUTERS/Albeiro Lopera

En la más reciente visita que hizo la Defensoría del Pueblo en el departamento del Chocó, la entidad reveló que esta es la región con más confinamientos en lo corrido de 2023 y la segunda con más desplazamientos forzados masivos.

En cuanto a confinamientos durante el año, en la región se han registrado 70 eventos de los 89 que hay en todo el país; es decir, representa el 79% del total de este tipo de vulneraciones a los derechos humanos de las comunidades.

Este es el panorama que viven miles de familias, 786 que han resultado afectadas y lo que se traduce en unas 1.940 personas. Dicho flagelo hace que las comunidades huyan para salvar sus vidas, pues prefieren salir de sus territorios antes que quedar en medio del fuego cruzado.

Carlos Camargo Assís, defensor del Pueblo, llamó la atención del Gobierno nacional; principalmente sobre el desplazamiento forzado de alcaldes, concejales, docentes y otros funcionarios públicos de sus territorios, por cuenta de las amenazas de los grupos armados. Esto, de cara a las próximas elecciones regionales de octubre.