Recientemente, el Pacto Histórico, partido de coalición del presidente de Colombia, Gustavo Petro, ya se está enfocado en los desafíos legislativos que enfrentará en la segunda mitad del año 2023, durante la segunda legislatura del Gobierno nacional.
Una de las propuestas clave que se planteará consiste en otorgar amnistías o indultos a personas condenadas por delitos relacionados con el narcotráfico y el secuestro, siempre y cuando estén dispuestas a participar en procesos de paz.
Alirio Uribe, representante del Pacto Histórico, destacó la necesidad de superar este obstáculo para avanzar hacia la paz con el ELN y otros grupos armados vinculados al narcotráfico.
La reforma laboral es una de las principales prioridades para el Pacto Histórico, y se espera que se retome su proceso el 20 de julio.
Se espera que el texto acordado con los partidos políticos y los coordinadores presentadores sea incluido en este proyecto, buscando impulsar cambios significativos para proteger los derechos de los trabajadores y promover una distribución más equitativa de los recursos.
Otro aspecto importante en la agenda del Pacto Histórico es la reestructuración de la coalición de Gobierno a nivel nacional.
Se llevarán a cabo reuniones con el presidente Gustavo Petro para discutir este tema y determinar si se negociará con los líderes de los partidos o con cada legislador de forma individual. El objetivo es fortalecer la unidad y la coherencia en el ejercicio del poder, para lograr una implementación efectiva de las propuestas y proyectos del Pacto Histórico.
Además, el Pacto Histórico enfatiza la importancia de que los legisladores se adhieran a la agenda legislativa establecida y que los debates se basen en proposiciones y argumentos, evitando la falta de quórum como justificación para evitar la discusión de los temas cruciales.
Miembros del Pacto Histórico aseguran que la Procuraduría pone en peligro sus derechos políticos
el movimiento del presidente Gustavo Petro, Pacto Histórico, anunció mediante un comunicado en sus redes sociales que solicitará medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para proteger la vida de sus militantes y los derechos políticos. En este sentido, aseguró que para que su llamado sea atendido con prontitud, cada uno de sus senadores y representantes se presentará ante el mecanismo.
La queja va más allá, pues el colectivo asegura que, además de ir en contra de los derechos políticos de sus miembros, la propia Procuradora General no brinda las garantías necesarias para ejercer el derecho a la defensa.
También hace una reflexión en torno a la falta de garantías para ejercer la política en el país y agregan que actualmente varios de sus políticos han sufrido amenazas y persecución política.
“Tienen graves y preocupantes antecedentes en el país que todavía no han enfrentado con contundencia el genocidio de la Unión Patriotica y la impunidad general de sus autores”, dijo el Pacto Histórico en su comunicado. Mismo que cierra señalando que se logre el posicionamiento de Alexander López, quien reemplazará a Roy Barreras.
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