Vendedora ambulante denunció que ha pagado arriendo de un andén por más de siete años

La falta de empleo en Bogotá ha hecho que más de 50.000 ciudadanos se hayan convertido en vendedores informales; sin embargo, hasta el momento no existe una política pública que ayude a combatir esta situación o busque la organización de estas personas que a diario deben competir por vender en los espacios más concurridos de la capital.

En un caso expuesto por Cambio, Elisa González afirmó que durante varios años le pagó a una firma de abogados una especie de arriendo por ubicar su caseta en un andén, pero debido a las bajas ventas que tuvo durante la época de la pandemia se atrasó en estos abonos de efectivo, razón por la que fue expulsada del sitio.

La mujer de 30 años que es oriunda de Simacota, Santander, afirmó que llegó a Bogotá en búsqueda de mayores oportunidades, pero la falta de oportunidades la obligaron a buscar diferentes formas para poder sacar adelante a sus tres hijos, por lo que opto por poner un puesto informal de dulces y cigarrillos.

Elisa afirmó que el dueño de una estación de servicio en el barrio Roma en Kennedy le permitió ubicar este puesto de ventas a un costado de la gasolinería sobre el andén público, convirtiéndose este espacio en el predilecto por conductores y taxistas para tomar bebidas calientes o comer empanadas mientras recargaban de combustible sus vehículos.

Debido al éxito que tuvo con este espacio, Elisa pudo ampliar su negocio para el que contrato a una persona con la que este podía permanecer abierto durante todo el día, además de que instaló una caseta de lata y posterior a ello una caseta prefabricada que aseguró le valió 50 millones de pesos.

La mujer afirmó que por ese espacio el dueño de la estación no le cobraba arriendo; sin embargo, ella le remuneraba 80.000 pesos al mes por el agua y la luz que consumía su comercio.

De acuerdo con el testimonio de Elisa a Cambio, el dueño de la gasolinería vendió la estación en 2014 a Bagut Group Jurídica, una compañía que se dedica al comercio de combustible, actividades jurídicas y de finca raíz, razón por la que uno de los socios de la empresa le exigió a la mujer firmar un contrato de arrendamiento para que pudiera continuar vendiendo en el lugar.

Elisa afirmó que en ese momento pagaba 552.258 pesos mensualmente por el espacio, pero que con el pasar de los años este precio fue aumentando hasta llegar a los 774.800 pesos por el arriendo del espacio público, ya que la caseta es de su propiedad.

Debido a la pandemia por Covid-19, el negocio tuvo que permanecer cerrado durante el tiempo que estuvo activa la cuarentena en el país, razón por la que Elisa no pudo cumplir con los pagos de arriendo por el espacio, por ello Bagut Group dio por terminado el contrato, decisión que fue ratificada por el Juzgado 68 Civil que además ordenó que la caseta fuera restituida a los dueños de la estación de servicio.

No fue sino hasta ese momento en el que Eliza González comenzó a preguntarse si el espacio en el que estaba ubicado su negocio pertenecía a la gasolinería o si se trataba de un espacio público, por lo que luego de buscar en varios despachos accedió a una escritura que indicaba que el sitio en el que estaba la caseta no era de la compañía.

Razón por la que Eliza pide a la empresa que le devuelvan todo el dinero que ella pagó de arriendo durante más de siete años, afirmando que aunque entiende que ese espacio no era de ella, al ser un espacio público la compañía no podía cobrarle un arriendo por estar allí, afirmando que sumando el tiempo que pagó llego a remunerarles más de 80 millones de pesos.