Director de la UNP deberá responder ante el Senado por muertes y atentados contra personas protegidas

El gobierno de Gustavo Petro enfrentará su primera moción de observación, específicamente contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, cuyas explicaciones no fueron satisfactorias para los congresistas a los que, en medio de un debate de control político, les explicaba las medidas de protección para líderes sociales.

La moción de observación es el procedimiento que se adelanta vía legislativa cuando las actuaciones o medidas adoptadas por un funcionario no satisfacen los fines de la función pública en general, en especial los intereses de las comunidades a las que representan. En el caso de Rodríguez, él es quien debe responder por los colombianos que están bajo amenaza de muerte o peligro.

El senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, impulsó ese trámite contra el director de la UNP bajo el argumento de las diferentes masacres que han azotado a la nación en los primeros cinco meses del año en curso. “En lo corrido de 2023 se han registrado 38 masacres con 127 víctimas, muchas de las cuales ocurren en territorios de minorías étnicas”, aseguró el congresista.

Motoa recordó los dos atentados que sufrió en su propia casa la senadora Aída Quilcué, del Pacto Histórico, así como otros hechos de violencia que se han registrado en el primer trimestre del 2023. Por eso, convocó a la moción de observación que fue aprobada por la Comisión Primera del Senado el lunes 29 de mayo.

De hecho, el debate de control político contra Augusto Rodríguez también era para que diera pormenores de las medidas que estaban tomando para preservar la vida de la senadora oficialista, que ha sido víctima de sujetos armados que, incluso, han querido entrar a la fuerza a su lugar de residencia.

Otros de los motivos para que los senadores de esa célula legislativa dieran luz verde al citado trámite fue que los congresistas Alejandro Carlos Chacón (Partido Liberal) y Alfredo Deluque (Partido de La U) denunciaron que les llegó notificación vía correo electrónico de que la UNP les reduciría su esquema de seguridad.

“Es muy extraño que la Policía nos haga un estudio de seguridad y recomiende mantener nuestro esquema, el Cerrem lo apruebe y hoy sin ni siquiera darnos oportunidad nos dicen que lo van a desmontar. Yo creo que lo que hay es una política por parte de la UNP de reducir esquemas de seguridad, pero si es así, los esquemas de seguridad no se le pueden reducir a quienes lo necesitan”, cuestionó Deluque.

Así mismo, varios legisladores de distintas orillas políticas aseguraron que las explicaciones que el director de la UNP entregó en el Congreso generaron “insatisfacción”, dado que no habría dado razones de peso para quitar escoltas a quienes, a juicio de los denunciantes, en realidad los necesitan.

Así las cosas, Augusto Rodríguez se convierte en el primer funcionario del Gobierno Petro que recibe ese llamado de atención oficial, mientras que el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, que también asistió el trámite contra su coequipero, se mostró sorprendido por esas denuncias y tomó apuntes de las denuncias de los parlamentarios.

“Sé que hay congresistas de algunas zonas que tienen mayores condiciones de vulnerabilidad. No es una política del Gobierno, me parece que sería lo más bajo si un Gobierno responde a un legítimo derecho de un congresista de hacer un debate, jugar con la seguridad del congresista, no es. Voy a averiguar qué es lo que está pasando. Me cogen fuera de base”, dijo el jefe de cartera.