Casi cuatro décadas no han sido suficientes para esclarecer e impartir justicia en uno de los casos más emblemáticos del conflicto y las violaciones de derechos humanos en Colombia: la retoma del Palacio de Justicia. Como parte del proceso, una de las víctimas emprendió la solicitud para que se le quiten las medallas al general (r) Jesús Armando Arias Cabrales, pero la relación de los funcionarios con las victimizaciones de la época ha sumido la decisión en un enredo.
La solicitud la presentó Helena Urán Bidegain, hija del magistrado Carlos Urán, quien fue sacado vivo del Palacio, torturado, asesinado y desaparecido por militares en la retoma. El derecho de petición fue acompañado por los periodistas Diana López Zuleta y el periodista Gonzalo Guillén.
Fue radicada a finales del mes de enero en el Ministerio de Defensa para pedir que se le retirara a Arias Cabrales la medalla de Servicios Distinguidos en Orden Público que le habría sido concedida por comandar las brigadas durante la retoma. Sin embargo, el general fue condenado por desaparición forzada por esa misma actuación durante el 6 y 7 de noviembre de 1985.
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, se declaró impedido porque su hijo Víctor Javier Velásquez Gil, quien siguió los pasos de su padre en la defensa de víctimas, ha representado a la familia del magistrado Urán Rojas en diferentes escenarios del caso. En ese sentido, el presidente Petro debió elegir a un ministro ad hoc que tomara la decisión respecto a Arias Cabrales.
El consejo de ministros, según informó después Guillén, determinó dejar la responsabilidad en el ministro de Justicia, Néstor Osuna. Sin embargo, según conoció la revista Cambio, la tarea cayó una vez más en el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Camilo Umaña.
El viceministro es hijo de Eduardo Umaña Mendoza, quien fue abogado defensor de derechos humanos, labor en la que acompañó a víctimas de desaparecidos en el Palacio de Justicia. Él, según recordó El Espectador, fue uno de los que denunció que las fuerzas militares sacaron personas vivas del recinto y las asesinaron.
Umaña fue asesinado el 18 de abril de 1998. Un crimen ejecutado en un entramado criminal de miembros del DAS, la fuerza pública y paramilitares que el mismo abogado había denunciado y organismos estatales que le habían hecho seguimientos.
El caso se encuentra ante la Cidh por lo que serían desvíos hechos en la investigación presuntamente por organismos de inteligencia del Estado, que no profundizaron en indagar a los miembros de inteligencia del Ejército, pese a pruebas que conducían a su participación en el crimen.
Arias Cabrales fue expulsado de la Jurisdicción Especial para la Paz por negarse a aportar verdad, negando hechos incluso ya probados en su contra. Todo señala que él fue el jefe supremo del Plan Tricolor, la retoma del Palacio, y solo le debía obediencia a la cúpula militar.
“[...] el compareciente comandó el operativo de retoma llamado por el “operación de rescate y restablecimiento del orden”, de manera que el personal que participaba en esta agrupación de inteligencia estaba sujeto a las órdenes e instrucciones de quién ostentaba la unidad de mando de las acciones ejecutadas los días 6 y 7 de noviembre de 1985. Al respecto, la magistratura precisa citar dos apartes de la sentencia de casación de la cual se deriva que el general dominó de principio a fin, tal y como se suponía debía suceder en virtud de su posición de comandante de la unidad a cargo del orden público de la ciudad de Bogotá y del plan operativo para contener las acciones subversivas en la capital del país”, señaló al JEP en su decisión.
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