Claudia López acusó al ministro de Justicia Néstor Osuna de engañar a la Corte Constitucional por cifras de hacinamiento en las cárceles

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, lanzó una fuerte crítica en contra del ministro de Justicia, Néstor Osuna, y su intención de reformar el sistema penitenciario del país, con el proyecto de ley titulado ‘Humanización del sistema penitenciario y carcelario’.

López señaló que ese proyecto no ayuda con los problemas que enfrenta actualmente el sistema, aunque reconoció que en casos como el de la Cárcel Distrital (en Bogotá) se han evidenciado altos porcentajes de resocialización de los detenidos, donde se han desarrollado programas con este objetivo. La mandataria manifestó que es necesario que se construya más de estos espacios en otros centros carcelarios y señaló que el Gobierno no dialoga con las regiones.

De igual forma, acusó al ministro Osuna de “engañar a la Corte Constitucional”. “Quiero pedirle al Gobierno que cese el tratamiento desleal que hay contra alcaldes y gobernadores, deliberadamente desde el Ministerio de Justicia, desde el Gobierno nacional anterior y sigue siendo la política en este, para engañar a la Corte Constitucional que los obliga a bajar el hacinamiento en cárceles nacionales, lo que ha hecho el Ministerio de Justicia es hacinar deliberadamente las URIs y las estaciones de policía”, dijo la mandataria.

Según lo expresó, en la capital colombiana al menos 700 policías estarían dedicados de tiempo completo a custodiar reclusos y no a labores de vigilancia y seguridad para los ciudadanos.

“Eso es desleal con la policía en los departamentos y alcaldías. (...) Es obligación del Gobierno Nacional recibir a los presos. A la Corte Constitucional, se los digo con el mayor respeto, apreciados magistrados, los están engañando desde el Gobierno Nacional. Les muestran cifras fabricadas de deshacinamiento en las cárceles nacionales, pero no les muestran las cifras en las que se niegan a recibir los presos condenados de las estaciones”, expresó.

Además, le pidió a la Dirección de la Policía Nacional que permita que se queden en la ciudad 1.500 policías en los que la Alcaldía invirtió justamente para subsanar el déficit de uniformados, pero que fueron enviados a otras partes del país.

“Han pasado nueve meses del nuevo gobierno y yo la verdad tenía y tengo todavía una gran ilusión de que las cosas se enmienden, pero le digo con el mayor respeto al Gobierno Nacional, la seguridad y justicia de Colombia y de Bogotá no van bien. Yo asumo la responsabilidad en lo que me corresponda, pero ustedes deben corregir y aumentar si quieren que la seguridad y justicia mejoren”.

Estas declaraciones fueron hechas en medio del evento de presentación del nuevo Comando Élite, con el que se pretende mejorar la seguridad de Bogotá. Allí, la mandataria también cuestionó al Gobierno nacional por los errores que a su juicio ha cometido en sus intentos de acercamientos a los grupos armados ilegales.

Lanzamiento del Comando Élite

El nuevo Comando Élite busca desmantelar las estructuras criminales dedicadas al homicidio, el hurto y el tráfico de estupefacientes. Según trascendió, estará conformado por 50 agentes con conocimiento especializado y amplia trayectoria. Su comandante será el teniente coronel Fredy Yamir Barbosa Molano, un oficial experto en la lucha contra la criminalidad con una experiencia de más de 25 años.

Las autoridades indicaron también que la tecnología será un componente clave para las operaciones en contra de los grupos multicrimen. Por eso, contará con diez drones para vigilancia aérea, sistemas analíticos para investigación criminal y equipos portátiles con capacidad de identificar personas.

“Nada nos preocupa y nos ocupa más que la mejora de la seguridad y la justicia en la ciudad. Tener mejor seguridad y justicia es el clamor de Bogotá y de Colombia, por eso creo que llegó el momento de corregir, llevamos 9 meses de decisiones erráticas, un día dicen que avancen, que defiendan, otro día dice que no defiendan, otro día que hay suspensión de operaciones ofensivas, al otro día que no hay suspensión, se trata de 9 meses de ingenuidad frente a grupos criminales”, aseguró la mandataria.