
El 18 de mayo se llevó a cabo una audiencia pública sobre la política integral migratoria en el país, ante la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes. En el espacio, el funcionario delegado por la Procuraduría General de la Nación aseguró que el organismo no observa progreso en los esfuerzos del gobierno por atender la problemática y advirtió que en caso de que no se constaten progresos, ejercerán su función disciplinaria.
Durante la intervención se recordó que el Ministerio Público ha emitido 48 recomendaciones sobre el fenómeno de la migración, producto de las visitas a los municipios de Cúcuta, Necoclí y Acandí. que evidenciaron falencias en la atención institucional brindada por el Estado, vacío llenado por organizaciones internacionales.
Parte de las recomendaciones están encaminadas al fortalecimiento de la capacidad de Migración Colombia en zonas afectadas por el alto tránsito de migrantes, como es el caso del municipio de Necoclí y el archipiélago de San Andrés. Así mismo, se recalcó la importancia de equipar los puestos de control en los puentes Simón Bolívar y Atanasio Girardot.
“Desde la Procuraduría hacemos un llamado al Gobierno nacional para fortalecer los controles migratorios en la zona. Esta responsabilidad es vital para el correcto funcionamiento de la política migratoria, no podemos pensar en una política migratoria si no tenemos el control de lo que está pasando en el país”, afirmó el funcionario.
Reveló que según sus datos más recientes, 1.500 personas cruzan diariamente la selva del Darién. Estos migrantes no solo se expondrían a los riesgos asociados a la ruta, sino también a la explotación por las redes de trata de personas, que también estarían ejerciendo violencia sexual.
Se expuso que la situación en San Andrés es crítica, ya que en esta zona solo se encuentran tres funcionarios de Migración Colombia, por lo que las tareas de soberanía y control de migrantes son ejercidas por la Armada Nacional, “hay una falta de capacidad absoluta”, subrayó.
El funcionario denunció que se está haciendo promoción del paso migratorio por el archipiélago, por parte de agencias de turismo. Situación ante la cual es necesario fortalecer los controles, tanto a la entrada a la isla como en los patrullajes marítimos.

Frente al caso del Norte de Santander, uno de los principales puntos de paso en la frontera con Venezuela, el Ministerio Público calcula que diariamente transitan por los puestos de control 50 mil personas, esto como consecuencia del retiro de los controles en los puestos fronterizos.
Al alto flujo de personas se sumarían los largos tiempos de espera que enfrentan los migrantes venezolanos que solicitan el PPT (Permiso por Protección Temporal), así como las barreras de acceso producto de la falta de reconocimiento de los documentos emitidos por Migración Colombia.
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