Sindicato de la Defensoría del Pueblo denuncia presunta interceptación de comunicaciones de funcionarios

En la mañana del 14 de mayo, se hizo pública una denuncia del Sindicato de defensoras y defensores de derechos humanos de la Defensoría del Pueblo (Sindhep), de acuerdo con lo mencionado por el colectivo, desde hace meses se les han venido interceptando las comunicaciones, llamadas, mensajes y demás información de sus celulares. Al parecer, todo habría comenzado con la implementación de Laboratorio Forense de Evidencia Digital.

La noticia, que fue publicada por la revista Cambio, menciona que el defensor Carlos Camargo habría contratado hace un año la plataforma tecnológica anteriormente mencionada con el fin de que esto facilitaría el trabajo de los defensores para que pudiera procesar y mejorar sus defensas en favor de las víctimas. Incluso en la página oficial de la entidad se lee: “Este laboratorio, puesto en funcionamiento con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, llega a reforzar la defensa técnico-científica de aquellos ciudadanos que no tienen recursos para pagar un abogado”.

De acuerdo con la información oficial, para esto, se habrían invertido, alrededor de 18 millones de dólares y al comienzo todo parecía ser muy positivo, pues no solo facilitaba el proceso de los defensores, sino que agilizaba los casos en el marco de los procesos penales. Pero los defensores comenzaron a ver que, con esta, también, presuntamente, estaban accediendo a información privada de sus móviles y computadores, aunque no existe un detalle público sobre el tema, el medio colombiano señala que esta sería una de las denuncias que entregará en los próximos días el sindicato sobre la gestión de Camargo a las autoridades, pues entre otras irregularidades se encuentra el manejo de algunos dineros de la Defensoría.

“La denuncia hace parte de un informe que el sindicato tiene preparado sobre presuntas irregularidades ocurridas durante la administración de Camargo. Allí alertan sobre el aumento exponencial de la nómina de contratistas con fines políticos y pagos desmesurados a amigos del defensor Camargo. Pero lo más grave tiene que ver con el laboratorio forense.”, se lee en la investigación de la revista, donde, además, se hace énfasis que para financiar dicho programa la entidad tuvo que endeudarse con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y finalmente el Consorcio ADALID-IOCOM 2021 fue quien asumió la implementación del Laboratorio.

En este sentido, hay que mencionar que el contratista estaría involucrado en proveer e instalar equipos de espionaje e inteligencia, y aunque ha trabajado con otras instituciones colombianas, también ha estado involucrada en casos como el del hacker Andrés Sepúlveda.

Por su parte, Camargo, en respuesta, ha mencionado que no existen pruebas de que esto esté ocurriendo y que el Laboratorio está especializado en ayudar y robustecer el tema de la información, no en interceptar: “Resulta infundada y falsa cualquier insinuación de que en el Laboratorio Forense de Evidencia Digital (LFED) podría adelantar interceptaciones. Por su estructuración técnica, el LFED no está en capacidad de la clase de actividades que señala, sino que está diseñado para hacer acompañamiento de la labor investigativa de los defensores públicos, para garantizar una defensa técnica”, puntualizó al medio anteriormente mencionado.

Es importante mencionar que anteriormente no se habían presentado denuncias en contra del funcionario y que ha sido protagonista por las denuncias que se han hecho desde la Defensoría por las múltiples violaciones a los derechos humanos en territorio y el incumplimiento de los grupos armados en cuanto al cese al fuego bilateral que firmaron a comienzo de año junto con el Gobierno.