Defensoría del Pueblo emitió alerta de riesgo por la seguridad en Vichada, la población infantil es la más afectada

Los constantes enfrentamientos entre diversos grupos guerrilleros y paramilitares por el control de las economías ilícitas estarían poniendo en peligro a los habitantes del municipio La Primavera

Compartir
Compartir articulo
Desde la entidad señalaron preocupación por la situación humanitaria de la región. Fotografía de archivo. EFE/Ernesto Guzmán Jr.
Desde la entidad señalaron preocupación por la situación humanitaria de la región. Fotografía de archivo. EFE/Ernesto Guzmán Jr.

Una preocupante situación estaría ocurriendo en el departamento del Vichada a causa de los enfrentamientos de estructuras narcoterroristas, que buscan tener el control territorial de la zona fronteriza. Desde la Defensoría del Pueblo precisamente resaltaron lo inminente del riesgo para las poblaciones de La Primavera.

La entidad dirigida por Carlos Camargo emitió una alerta en la que resaltó el riesgo para la población infantil e indígena debido a las acciones armadas de organizaciones guerrilleras y paramilitares para tener el control del territorio fronterizo:

Para la Defensoría la población en especial situación de riesgo están los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, especialmente quienes habitan el sector rural en inspecciones o resguardos indígenas con tránsito de grupos armados no estatales, estructuras de narcotraficantes y bandas armadas; así mismo, las comunidades indígenas y autoridades ancestrales de los pueblos Sikuani, Cubeo, Cuiva, Sáliva, Piapoco y Waupijiwi en condición de desplazamiento forzado que viven en asentamientos”.

De acuerdo a lo resaltado por la entidad, en la región la organización que tiene mayor poderío es el frente José Daniel Pérez Carrero del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el cual tuvo un mayor reposicionamiento el año pasado. De igual manera, se presume que debido a su gran control, los enfrentamientos con las disidencias de las Farc disminuyeron drásticamente: “Se presume que existen acuerdos tácitos para el mantenimiento de las rutas de economías ilegales que existen en el departamento”.

Sobre las disidencias de las Farc, que incluye el operar de Nueva Marquetalia junto a otras facciones narcoguerrilleras, fue señalado que se asientan “sobre varios puntos del estado venezolano de Apure haciendo sobrepasos hacia las inspecciones La Venturosa (Puerto Carreño) y Nueva Antioquia en La Primavera, con el fin de realizar cobros extorsivos, entre otras actividades ilícitas. También se ha sabido de la existencia de pistas clandestinas controladas por este grupo armado ilegal en el lado venezolano, desde donde exportan cargamentos de drogas”.

Aunque no son exclusivamente las facciones narcoguerrilleras las que operan en la región, presencia de grupos paramilitares como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) mejor conocidos como Clan del Golfo o los Puntilleros Libertadores del Vichada (PLV), hacen que tanto el defensor del pueblo Camargo, como desde la entidad indiquen la necesidad de reforzar la seguridad en el lugar y el acompañamiento estatal.

Llamado de la Defensoría del Pueblo para que se garanticen los derechos de los migrantes connacionales

Ante la grave vulneración de derechos a los que se enfrentan los colombianos deportados desde los Estados Unidos, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado para que la Comisión Intersectorial para el Retorno del Ministerio de Relaciones Exteriores ponga en marcha las acciones para que se garanticen los derechos humanos de los connacionales que sean retornados.

“Están buscando una ruta para que esas personas que retornan al país tengan la atención que necesitan”, comentó Ramos.

Según la Defensoría del Pueblo, se espera que durante los próximos meses arriben a Colombia 14.000 connacionales deportados desde los Estados Unidos, por lo que desde la institución aseguraron que mantendrán el apoyo y acompañamiento a las familias que lleguen al país.

La llegada masiva de colombianos retornados desde los Estados Unidos se da tras la finalización del Título 42 el pasado 11 de mayo. Aquella era una restricción de movilidad impuesta en el marco de la pandemia por covid-19, con la que no se contemplaban grandes consecuencias legales para los migrantes que intentaban cruzar de forma ilegal la frontera de México con el territorio norteamericano.

Luego de la finalización de la medida, el Gobierno estadounidense ahora implementa la norma conocida como Título 8, a través de la cual los inmigrantes que ingresan a Estados Unidos sin una autorización legal se enfrentan a consecuencias “más graves”, según advirtió el secretario de Seguridad de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas en semanas anteriores.