
Juan Carlos Montes Fernández se habría saltado las normas de contratación cuando se desempeñaba como subdirector Técnico de Construcciones del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), para el año 2015. Un nuevo contrato le valió destitución e inhabilidad por parte de la Personería Distrital de Bogotá.
“El funcionario, al parecer, incurrió en una falta gravísima al participar en la etapa precontractual con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal”, señaló el Ministerio Público al notificar la sanción por 10 años en contra del exfuncionario de la alcaldía de Gustavo Petro.
Según el ente de control disciplinario, se probó “el desconocimiento de los principios de moralidad y celeridad de la función pública dentro de la licitación pública 22 de 2014″, debido a que Montes Fernández habría revivido etapas contractuales fenecidas para adelantar una nueva evaluación de ofertas.
La irregularidad no se centró allí, sino que además habría adjudicado el contrato de obra No. 39093 de 2015 “a un proponente inicialmente rechazado en la calificación definitiva”. Esas fueron las acciones que le valieron destitución e inhabilidad general por una década, según la decisión de primera instancia.
Juan Carlos Montes se hizo conocido en 2020 cuando la senadora Paloma Valencia revivió un video grabado en 2005 en el que se le veía entregando fajos de billetes en una bolsa negra a Gustavo Petro. El caso se cerró en la Corte Suprema Suprema de Justicia porque, dada la fecha de los hechos, ya había proscrito la posibilidad de investigarlos.
Sin embargo, la Sala también estableció que con base en las grabaciones no era posible atribuirle ninguna conducta ilícita al entonces senador Petro, porque los dineros tenían origen lícito. Aún así, el hecho le ha sido reprochado numerosas veces al ahora presidente de la República.
Montes había salido del país después de su cargo en la Alcaldía y habría buscado asilo en Suiza, según información de El Tiempo. Sus contratos como subdirector del IDRD tienen varias irregularidades y en uno de ellos se encuentra imputado por la Fiscalía General de la Nación.
La investigación se centra en el convenio para la construcción del parque El Porvenir, en la localidad de Bosa, al suroccidente de la ciudad, que ascendió a un valor de 19.000 millones de pesos. Para la Fiscalía, Montes Fernández intercedió en la licitación para favorecer a un consorcio específico y también en el contrato de interventoría.
El ente acusador identificó varias irregularidades en los contratos, como que los costos no se ajustaban a la realidad, no se hicieron los estudios previos, no se implementó la participación bajo criterios de igualdad y transparencia. Incluso, se habrían recibido las obras a satisfacción pese al retraso de cuatro años.

Montes fue imputado en su ausencia porque se encuentra prófugo de la justicia. Luego de esto se le emitió circular de Interpol para que fuera capturado, esa orden se expidió por solicitud del fiscal Daniel Hernández, quien recientemente cobró relevancia por las acusaciones de supuesta colaboración con miembros del Clan del Golfo, a la que el presidente Gustavo Petro solicitó investigar.
Ese caso y el del abogado Álex Vernot fueron reseñados por Hernández como los dos casos que ha llevado cercanos a Petro. “Ese proceso generó una solicitud de extradición la presenté directamente yo frente a una imposición de medida de aseguramiento de un juez de la República. Esos son criterios personales que lógicamente me hacen pensar por qué estos ataques, pues no creo que la figura de un fiscal, como somos más de 5.000 en el país, pueda generar tanto ataque por parte del presidente de la República”, señaló el fiscal a Caracol Radio a raíz de los reclamos del mandatario.
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