Desde la Justicia Especial para la Paz (JEP) rechazaron las amenazas en contra de uno de los magistrados de esa corporación, Alejandro Ramelli. Así como las emitidas contra el magistrado auxiliar Hugo Escobar. Las intimidaciones serían autoría del Clan del Golfo, también conocidos como Autodefensas Gaitanistas de Colombia.
La información fue difundida mediante el boletín de prensa 043, con fecha del mayo del 2023. En el documento se hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación y autoridades judiciales para que realicen las investigaciones correspondientes y sanciones a los responsables.
La corporación de justicia también exhorto al Gobierno nacional a desarrollar las tareas necesarias para desarticular este tipo de Grupos Armados Organizados (GAO). Al final del documento reafirmaron que continuaran trabajando por el derecho de las víctimas.
Según la información reportada por El Espectador, Ramelli recibió las denuncias a su número personal de WhatsApp, en el mensaje le informaron que ese grupo criminal lo había declarado objetivo militar.
El magistrado es reconocido por su trabajo en la exhumación de los restos de personas desaparecidas víctimas de los asesinatos de Estado, conocidos como “falsos positivos”, ubicados en el cementerio Las Mercedes, en el municipio de Dadeiba, Antioquia.
Además de los magistrados, las amenazas también se dirigieron contra el soldado profesional Levis Contreras, cuyos testimonios han resultado claves para dar con la localización de las fosas comunes en el cementerio.
El Tiempo pudo establecer que además de los mensajes de texto, en la mañana del seis de mayo llegó a la vivienda del magistrado Ramelli una corona fúnebre. El despacho del magistrado ha imputado a 10 exmilitares, de los cuales ocho ya han reconocido su responsabilidad.
Carlos Ruiz Massieu, representante especial de la comisión de la ONU en Colombia, se pronunció sobre el hecho. Por medio de su cuenta de Twitter rechazo las amenazas contra los magistrados, afirmó “La independencia y seguridad de los Magistrados y el personal de la JEP es fundamental para el avance de la justicia transicional y la paz en Colombia”.
Sobre las 6:00 p. m. del 6 de mayo, la Fiscalía se pronunció sobre las amenazas y anunció que el Grupo de Amenazas asumiría la investigación, por lo que un equipo especializado ya se contactó con los funcionarios judiciales. Buscan detalles que permitan establecer el origen de las intimidaciones, así como orientar la investigación.
En comunicación con Blu Radio, el presidente de la JEP, Roberto Vidal, aseguró que ya se han comunicado con ellos desde el Ministerio de Defensa y la oficina del Alto Comisionado para la Paz, así como desde la Policía Nacional. Le aseguraron que se desplegarían las medidas de seguridad y análisis empleadas para estos casos.
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