
En medio de la votación de los últimos apartados del Plan Nacional de Desarrollo –PND– en la Cámara de Representantes, el Gobierno nacional avaló una proposición dentro del articulo 55 que, de acuerdo con congresistas de la oposición, permitiría hacer un proceso de ‘expropiación exprés’ a tierras cuyos dueños no respondan por ellas.+
Concretamente, el quinto punto de ese artículo –Identificación, priorización y compra de predios para la Reforma Rural Integral– señala que la Agencia Nacional de Tierras se encargará de la identificación de las tierras fértiles e idóneas para la ejecución del primer punto del Acuerdo Final de Paz.
A su vez, esa entidad “adelantará el análisis de explotación económica del predio, requiriendo a su propietario por única vez, para que proceda a la enajenación de aquellas áreas que no se encuentren bajo aprovechamiento económico y que excedan la extensión de la UAF –Unidades Agrícolas Familiares–”, de acuerdo con el inciso.
La proposición modificatoria al artículo 55 presentado en primera instancia por el Gobierno nacional, consta de otros cinco puntos que abarcan el saneamiento para la compra de tierras; la compra directa al Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Narcotráfico –Frisco– y los procedimientos de la autoridad de tierras “que deberán ser resueltos en fase administrativa”.
Además, uno de los parágrafos precisa que la Agencia Nacional de Tierras tendría la primera opción de compra y que, de ser aprobado, el cumplimiento de ese artículo está sujeto al marco fiscal y de gasto de mediano plazo correspondiente al sector agrícola y al Ministerio de Agricultura.
Ese artículo que aún no se ha sometido a votación en Cámara, generó un amplio debate previo a la discusión en el Legislativo. De hecho, los primeros en criticarlo fueron integrantes de la bancada opositora, empezando por Paloma Valencia, del Centro Democrático.
De acuerdo con la senadora, el artículo fue propuesto por el Pacto Histórico y avalado por Jhenifer Mojica, recién posesionada por el presidente Petro como ministra de Agricultura en reemplazo de Cecilia López. Según la proposición del representante Jorge Bastidas, del Pacto Histórico, la ANT procedería a adquirir predios fértiles mediante negociación directa.
Concretamente, el inciso explicaba que, si ese acuerdo se llegaba a agotar con el propietario de los terrenos a adquirir, “podrá declarar el predio como de utilidad pública para la reforma rural integral”. Dicha negociación previa tenía duración de diez días calendario a partir del envío de notificación al propietario por parte del Estado.
En medio del debate antes de las plenarias, la propia jefa de la cartera rural desmintió la afirmación de la opositora y mencionó que, dentro de sus primeras labores estaban revisar el PND y las proposiciones relacionadas con la puesta en marcha de la Reforma Rural Integral.
Cámara hundió el artículo que buscaba las alianzas de iniciativa público popular
En el debate que completa más de ocho horas, la Cámara hundió el artículo 355 que definía las asociaciones de iniciativa público popular a modo de contratación directa sobre asociaciones comunitarias, colectivos de negritudes, población étnica y negritudes por parte del Estado. El objetivo de la administración Petro era agilizar el desarrollo de proyectos de infraestructura vial (vías terciarias), servicios públicos, medio ambiente y soberanía alimentaria, entre otros.
La proposición de derogación del artículo obtuvo 79 votos a favor y 55 en contra. Sin embargo, había sido aprobado previamente por el Senado, motivo por el cual ese inciso, al igual que otros como el 8 (que establece la implementación de las recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad) irán a conciliación.
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