Exsecretaria de Educación de Medellín, Alexandra Agudelo, habría cometido una “falta gravísima” por contratos de Buen Comienzo

La Procuraduría investiga a la exfuncionaria por haber avalado la contratación de la corporación Colombia Avanza de forma directa y no por medio de una licitación pública

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Procuraduría abre pliego de cargos contra Alexandra Agudelo.
Procuraduría abre pliego de cargos contra Alexandra Agudelo.

Un nuevo enredo tiene la exsecretaria de Educación de Medellín Alexandra Agudelo, que se vio obligada a renunciar a ese cargo luego de que la Fiscalía General de la Nación le abriera una investigación por irregularidades en la contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en la capital de Antioquia y hasta la llevara a cumplir pena de prisión domiciliaria, aunque dicha medida ya fue revocada por un juez.

Ahora, la Procuraduría General de la Nación le abrió un proceso por ese mismo contrato de alimentación, dirigido a las mujeres gestantes y madres lactantes del programa Buen Comienzo, firmado con la corporación Colombia Avanza, por presuntas irregularidades.

En el auto proferido por el Ministerio Público, firmado por la directora nacional de Investigaciones Especiales Lucila Mercedes Vidal Luque, se señala a Agudelo de haber cometido una “falta gravísima” al haber trasgredido los principios de objetividad y transparencia durante la estructuración del contrato, pues lo habría avalado de forma directa y no por medio de una convocatoria abierta.

Además de Agudelo, las otras funcionarias que están vinculadas al mismo caso en la investigación de la Procuraduría son Lina María Gil Zapata, exdirectora técnica de Buen Comienzo, y Vivian Cecilia Puerta, exdirectora administrativa de Buen Comienzo.

“La investigada presuntamente inobservó el principio de transparencia y el deber de selección objetiva, (...) al poder haber desconocido la regla general de la contratación pública consistente en que la celebración y suscripción de todo contrato debe estar precedido de convocatoria pública”, indicó el ente de control.

“Lo anterior, sin perjuicio de que los beneficiarios del Programa Buen Comienzo no contaron con la posibilidad de acceder a bienes y servicios de mejor calidad, lo cual hubiese sido posible si el proceso de contratación se hubiera adelantado mediante la modalidad de concurso público con pluralidad de ofertas”, añadió la Procuraduría.

Para justificar que la contratación de Colombia Avanza tenía que hacerse de forma directa, la funcionaria dijo que al ser un contrato de “prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión” no era necesario abrir una convocatoria pública. Pero la Procuraduría considera que el alcance del contrato era más amplio, por lo que sí era necesario darle apertura a una licitación.

Ahora, el ente de control deberá decidir si impone sanciones disciplinarias en contra de Agudelo, en las que se podrían incluir inhabilidades para ejercer cargos públicos en el futuro.

El proceso en la Fiscalía

Los cargos con los cuales la Fiscalía imputó a la exfuncionaria de la Alcaldía de Medellín son interés indebido en la celebración de contratos, celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en tentativa y peculado por apropiación consumado en favor de terceros.

La Fiscalía cuestionó que el contrato se hubiera hecho de forma directa con Colombia Avanza por prestación de servicios, sin que hubiese algún fundamento técnico o legal para hacer ese cambio en la forma de contratar. Además, encontró que se hicieron modificaciones en las condiciones a los oferentes, como bajar el requisito de experiencia de cinco a tres años, y la exigencia de pertenecer al Banco Nacional de Oferentes del ICBF, al que la corporación entró tres meses antes de la adjudicación del contrato, pese a sus bajas calificaciones financieras y de operatividad.

Otra grave acusación es que durante la investigación se habría tratado de entorpecer el proceso, porque se habría tratado de desaparecer la contabilidad y la Secretaría de Educación solo entregó soportes globales de los contratos. Para justificar esto, la Fiscalía presentó audios que evidenciarían la existencia de personas encargadas de deshacerse de las pruebas.

“Lo que estamos haciendo aquí, sacando todas las áreas que tienen que ver con otras empresas, pero las hijueputas cámaras están prendidas (…) Necesito que borres los pedazos donde estamos sacando las cosas”, le dice un hombre identificado como Carlos Mario a una mujer de nombre Astrid en uno de los audios.