
Por medio de un comunicado, con fecha de 12 de abril, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) informó que la Sección de Primera Instancia para Casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal para la Paz asumió la competencia del subcaso Costa Caribe, Batallón La Popa, del Caso 03: ‘Asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado’, antiguamente conocidos como ‘falsos positivos’.
Con esta determinación, la Sección de Reconocimiento y Verdad asumió el estudio del caso para iniciar el proceso que conduce a la emisión de una sentencia e imposición de una sanción en contra de los exintegrantes del Ejército Nacional que reconocieron, en varios escenarios, su participación en los crímenes de guerra y de lesa humanidad que les fueron imputados.
Según señaló la JEP, en esta etapa procesal, las víctimas serán un factor esencial en el componente reparador y restaurador de las sanciones propias, “que serán impuestas a los comparecientes si se comprueba que se superó el umbral de verdad y de reconocimiento que hubo en la justicia ordinaria”, se lee en el documento.
Puntualmente, el Tribunal para la Paz conocerá los casos del mayor (r) Guillermo Gutiérrez Riveros, quien fue comandante de batería y oficial de operaciones vinculado al Batallón de La Popa; el teniente coronel (r) Heber Hernán Gómez Naranjo, quien fue responsable de la sección de operaciones y segundo comandante del batallón; los sargentos primero (r) Efraín Andrade Perea, quien estuvo al frente de la Sección Segunda, y Manuel Valentín Padilla Espitia, agente de inteligencia externa de la Sección de Inteligencia; y el teniente (r) Carlos Andrés Lora Cabrales, quien, además de haber sido comandante de batería, fue comandante del grupo especial Trueno de este batallón.
Hay que destacar que el 7 de diciembre de 2022 la Sala de Reconocimiento de la JEP emitió una Resolución de Conclusiones sobre este caso. Ahí se identificaron dos patrones de macrocriminalidad ocurridos entre enero de 2002 y julio de 2005, cuando uniformados vinculados al Batallón La Popa cometieron 135 asesinatos y desapariciones forzadas, entre los que se incluyen víctimas de los pueblos indígenas wiwa y kankuamo.
En ese sentido, el sábado 25 de febrero de 2023, la Jurisdicción Especial para la Paz llegó hasta los municipios de San Juan del Cesar, La Guajira, y Los Haticos, Cesar, para notificar a los pueblos indígenas wiwa y kankuamo, de la Sierra Nevada de Santa Marta, la primera resolución de conclusiones del Subcaso Costa Caribe del Caso 03, conocido como el de falsos positivos.
Durante la presentación del informe, el magistrado de la JEP, Óscar Parra, les dijo a las víctimas presentes que “este es un inicio para explorar escenarios restaurativos y proyectos de sanciones propias para los máximos responsables de los crímenes de guerra y lesa humanidad que ocurrieron aquí”, expresó en esa oportunidad.
Ahora, la sección de verdad y reparación de la JEP deberá evaluar la correspondencia entre los hechos, las pruebas allegadas, las conductas endilgadas y reconocidas, el proyecto de sanción, la contribución a la verdad y a la reparación. Tras esta fase, la sección realizará una audiencia para verificar la forma de contribución a la verdad y a la reparación en el marco del Sistema Integral para la Paz.
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