El martes 4 de abril se conoció que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) radicó las primeras cinco demandas con pretensiones agrarias para la determinación de tierras de la Nación, clarificación de la propiedad y recuperación de baldíos indebidamente ocupados, en cumplimiento del punto 1 del Acuerdo de Paz, firmado en La Habana en 2016, que tiene que ver con lo relativo a la Reforma Rural Integral.
Tres de las demandas presentadas por la entidad pretenden la declaratoria como bien de uso público, y con esto, su incorporación en los inventarios de la administración de tierras de la Nación y la correcta gestión ecosistémica de estos entornos ligados a cuerpos de agua de los siguientes predios.
Un playón entre la Finca Bonaire y Corralito 2, en Arjona, Bolívar (21 hectáreas + 3.767 m2); el Humedal Bocas de Palo 2, en la vereda Bocas del Palo, Jamundí, Valle del Cauca (3 hectáreas + 9.855 m2); y el Humedal Bocas de Palo 3, en la vereda Bocas del Palo, Jamundí, Valle del Cauca, con una extensión de 9.139 m2.
Otra de las demandas instauradas corresponde al proceso agrario de la propiedad de la Finca Maracaná en Ayapel, en el departamento Córdoba, (5 hectáreas + 2.234 m2), en la que se hizo la solicitud de declaratoria como predio baldío de la Nación ante el Juez Civil del Circuito, y con esto, su puesta a disposición para los sujetos de ordenamiento social de la propiedad que han solicitado tierras en ese municipio.
Finalmente, informó la ANT, se pidió la recuperación de baldíos indebidamente ocupados se en el predio Santuario Hoy Gamerú O Macondo en San Martín, Meta (9 ha + 7.229 m2), para su adecuada disposición agraria.
Sobre este proceso de adjudicación de tierras habló el subdirector de Procesos Agrarios y Gestión Jurídica de la ANT, Ricardo Arturo Romero Cabezas, que explicó:
En otra de sus declaraciones el funcionario puntualizó que estas demandas, y las demás que se seguirán presentando en desarrollo de la misionalidad de la Agencia Nacional de Tierras, “son las primeras que se radican desde la expedición del Decreto Ley 902 de 2017, y contribuyen a la implementación de la Reforma Agraria liderada por el Gobierno nacional para agilizar la recomposición y el ordenamiento de los territorios”.
Según la ANT, desde que comenzó el Gobierno de Gustavo Petro, se han formalizado alrededor de 1,4 millones de hectáreas de las cuales 1.015.000 corresponden a predios rurales y 400.000 a cuatro zonas de reserva campesina como la de Sumapaz, cercana a Bogotá, o la de Guayabero, en el departamento del Meta.
De esos predios entregados el 50% han sido para mujeres rurales. El director de la ANT, Gerardo Vega Medina, dijo que “ellas no solo han sido las principales afectadas de la violencia en el país, sino que son fundamentales para la construcción de la paz, la conservación del territorio y tejido social”, aseguró el funcionario en días pasados.
Sin embargo, una investigación de La Silla Vacía daría cuenta que los certificados de tradición y libertad de algunos de los predios entregados aún no se han oficializado. En su respuesta al medio de comunicación, la ANT sostuvo que “algunos predios tienen pendientes trámites notariales o registrales para formalizar la titularidad”, aunque no precisó cuántos y qué tipo de trámites.
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