Luego de que quedara temporalmente suspendida la construcción de la polémica subestación de guardacostas en la Isla Gorgona, un grupo de ambientalistas y organizaciones sociales presentó una acción popular para impedir la obra en el área natural.
En diálogo con RCN Radio, Andrés Pachón, uno de los abogados que hacen parte de la acción judicial presentada, dio a conocer que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le dio el visto bueno a la acción popular.
Es de recordar que el proyecto en la Isla Gorgona actualmente consta de cuatro obras que se planean adelantar: la construcción de un muelle de 170 metros; la instalación de una torre para la edificación de un radar en el Cerro La Trinidad; una estación de Guardacostas de tercer nivel, y un tanque de almacenamiento de 5.000 galones de combustible.
Al respecto, tanto las comunidades como los abogados que presentaron la acción popular expresaron su preocupación por el daño ambiental que podrían ocasionar las obras en el área natural protegida, además de las afectaciones a nivel cultural que se podrían generar al ser un “espacio ancestral”.
Los impactos ambientales que generaría el proyecto
En diálogo con el diario El Tiempo, el representante del Comité Salvemos a Gorgona, Andrés Bodensiek, detalló recientemente cuáles serían los daños ambientales a los que podría verse expuesta la Isla Gorgona si se adelanta la construcción de la estación.
De acuerdo con lo dicho por Bodensiek al rotativo bogotano, en la zona de 20,7 hectáreas en la que se plantea construir el muelle hay un parche de coral que se podría ver afectado por las obras, según un estudio realizado por la Universidad Nacional.
Pese a esos argumentos, y a la suspensión temporal de las obras que anunció la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, el pasado 13 de marzo durante una audiciencia pública, el diario El Colombiano conoció que el lunes 27 de marzo la Procuraduría General de la Nación le dio el visto bueno a las obras de la estación de guardacostas en la isla.
De acuerdo con la agencia gubernamental, el proyecto cuenta con toda la documentación pertinente, incluyendo la evaluación de impactos ambientales, por lo que “es plenamente ejecutable, además de indispensable”.
Bajo ese argumento, el Ministerio Público solicitó al Gobierno nacional socializar el proyecto con las comunidades y aclarar que las obras corresponden a una subestación de guardacostas y no a una base militar.
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