El Departamento de Estado de los EE. UU. dio a conocer el reporte anual “Country Reports on Human Rights Practices”, una publicación en la que la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo analiza los esfuerzos nacionales en materia de derechos humanos individuales, civiles, políticos y laborales de 198 países, cada año.
En el texto, que da cuenta de la situación en materia de derechos humanos, para el año 2022, el Departamento de Estado del país norteamericano detalla los hechos de violencia registrados en el territorio: la desaparición forzada, el secuestro y el desplazamiento que resultan de la presencia de grupos al margen de la ley y la inacción del Estado.
Para el caso de los grupos armados, incluidos los disidentes de la extintas FARC, el ELN y los carteles del narcotráfico, el documento señala abusos significativos y crímenes violentos, entre los que llega a mencionar ejecuciones extrajudiciales, extorsión, secuestro, tortura, trata de personas, bombardeos, restricciones sobre la libertad de movimiento, violencia sexual como arma de guerra, reclutamiento de niños soldados y amenazas en contra de periodistas y defensores de los derechos humanos, en Colombia conocidos como líderes sociales.
Mientas que, del lado del Gobierno, pesan delitos y prácticas cuestionables como la tortura y la detención arbitraria, los abusos graves en medio del conflicto, la penalización de la difamación, la corrupción, actos violentos en contra de los movimientos sindicales y falta de garantías para los miembros de las comunidades afro, indígenas y población LGBTIQ+.
“En general, el gobierno tomó medidas para investigar, enjuiciar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos, aunque la mayoría de los casos experimentaron largas demoras. Muchas investigaciones incluyeron casos derivados de todo el conflicto armado en el país a partir de la década de 1960. En general, el gobierno implementó leyes que penalizaban la corrupción oficial”, sentencia el reporte.
Mismo en el que se indica, con especial énfasis, que – en cuanto desaparición forzada– hay un registró de 1.012 personas, tan solo entre el 1 de enero y el 25 de agosto del 2022, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal en Colombia.
De otro lado, la Unidad de Búsqueda informó que al 30 de junio había ayudado a localizar a siete personas desaparecidas y recuperar 506 cuerpos de víctimas del delito de desaparición forzada relacionadas con el conflicto. Y, como si fuera poco, la Comisión de la Verdad informó que 121.768 personas fueron víctimas de desaparición forzada durante el conflicto.
El 7 de abril, la JEP aseguró que agentes estatales y paramilitares mataron o desaparecieron a 5.733 candidatos y otras personas afiliadas al partido político de izquierda ‘Unión Patriótica’ entre 1984 y 2016. Y, en el caso de los falsos positivos, la Justicia Especial involucró desapariciones forzadas además de ejecuciones extrajudiciales.
Y, en materia de secuestro, el reporte del Departamento de Estado de EE. UU., señaló que las Disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la delincuencia siguen siendo los principales responsables de la retención forzosa de ciudadanos, según varias entidades del Estado.
Por ejemplo, según el Ministerio de la Defensa, hubo 75 secuestros entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2022. 17 de los cuales fueron atribuidos al ELN y el resto a otros grupos armados organizados o a la delincuencia común.
El 13 de julio en una zona rural de Tame, departamento de Arauca, el ELN secuestró a 11 personas, entre ellas a un desmovilizado de las FARC, indígenas y campesinos de bajos recursos.
Y en agosto, tras la toma de posesión de Gustavo Petro, liberaron a 15 personas, entre ellas cinco militares y un policía, quienes habían sido secuestrados a lo largo del año.
Entre el 1 de enero y el 31 de julio, el Ministerio de Defensa informó que las fuerzas armadas y la policía liberaron a 38 rehenes del cautiverio y añadió que entre el 1 de enero y el 31 de julio, cuatro víctimas de secuestro fallecieron estando en cautiverio y al 10 de agosto; mientras que, la Fiscalía General de la República reportó siete condenas por secuestro.
En medio del cumplimiento de los Acuerdo de La Habana y el ejercicio de la JEP, en junio, miembros del secretariado de las ex FARC reconocieron públicamente su responsabilidad por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad relacionados con secuestros y tomas de rehenes durante el conflicto armado. Compartieron escenario con sus víctimas y se disculparon con ellas. Con lo que, finalmente, la Jurisdicción Especial para la Paz evaluó que 21.396 personas en total fueron víctimas de la violencia de la extinta guerrilla de las FARC.
Consulte el reporte completo en el siguiente enlace: https://www.state.gov/reports/2022-country-reports-on-human-rights-practices/colombia/
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