Víctimas del Palacio de Justicia apoyan la expulsión del general Arias Cabrales de la JEP: “Ha sido clara su intención de burlar a las víctimas”

Para los familiares de las víctimas de tortura y desaparición forzada que produjo la retoma del Palacio de Justicia, los militares que participaron mantienen un pacto de silencio que impide que más de tres décadas después se avance en el esclarecimiento de los hechos. El general (r) Jesús Armando Arias Cabrales fue expulsado de la Jurisdicción Especial para la Paz después de negar hechos probados por los que ha sido, incluso, condenado.

“En primer lugar la JEP no debió aceptar a este señor, desde muy temprano fue evidente su reticencia a aportar a la verdad, reparación mucho menos, y aunque fue condenado a 35 años de prisión y llevaba algunos años privado de la libertad, eso sí en un club militar; siempre ha sido clara su intención de burlar a las víctimas y mantener el nefasto pacto de silencio Estatal que sostiene la horrenda impunidad en este caso y en otros tantos”, señalaron las víctimas al conocer la decisión.

Arias Cabrales negó haber tenido control de la dirección de Inteligencia, pese a que él era comandante de la Décimo Tercera Brigada del Ejército, en la que recayó la unidad de mando para la ejecución del “Plan Tricolor”, es decir la retoma del Palacio de Justicia, como lo determinó la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia en 2019. Ese plan contemplaba unificar todo el mando en las Fuerzas Militares y aun así el general en retiro aseguró que no tenía control sobre lo que hacía el DAS o la Policía.

“Ya ha sido más que probada su culpabilidad en los hechos, por eso en la JEP se esperaba verdad, pero no lo hizo”, señaló Deborah Anaya Esguerra, hija de Norma Constanza Esguerra, quien era surtidora de la cafetería del Palacio de Justicia y fue desaparecida en los hechos junto a otras 11 personas. “Para nosotros fue muy revictimizante tener que escucharlo declararse víctima y que solo se acogió a la JEP para que le revisaran el caso”, sostuvo.

Ahora le exigen a la Justicia Penal Militar y a la Fiscalía, como órgano de la justicia ordinaria, que avancen en el esclarecimiento de los hechos, las investigaciones y la determinación de los responsables. Piden que Arias Cabrales no sea recluido en una guarnición militar, donde han conocido que goza de tratos preferenciales.

Esguerra solicitó a la JEP la desclasificación de los archivos de inteligencia del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) como garantía para el cumplimiento del derecho de las víctimas a la verdad. Está probado que ese organismo participó de las torturas, retenciones y desapariciones del Palacio de Justicia.

Considera que en esos documentos a los que no ha tenido acceso ningún organismo, reposan los datos necesarios para dar fin al sufrimiento de los familiares que por casi cuatro décadas han esperado respuestas sobre los desaparecidos y podrían romper el “pacto de silencio” que tendrían los militares aún vivos que participaron de los hechos.

Arias Cabrales era el único compareciente hasta el momento en la JEP relacionado con la retoma del Palacio. El tribunal estudia acoger también a Iván Ramírez Quintero, a quien le rechazó el sometimiento en ese caso, pero lo escuchó en versión voluntaria para las investigaciones por el exterminio de la Unión Patriótica. Así mismo, estaría en proceso el coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano contra quien la Corte confirmó la condena por 40 años de prisión como coautor de las desapariciones.

Las víctimas esperan que la JEP estudie la voluntad de los comparecientes para aportar verdad, más allá de los hechos probados a la fecha, para que no las someta a situaciones como las que vivieron con las audiencias de Arias Cabrales. “Terminamos muy afectados en temas de salud mental. Yo por lo menos estuve en terapia más o menos el primer mes, lloré muchísimo. Mi tía Amparo sufrió muchísimo con las declaraciones de este señor que no tenían nada que ver con aporte a la verdad, sino en revictimizarse él mismo, negando las desapariciones”, señaló Deborah Anaya.

Las víctimas consideran que la sentencia de la Corte IDH no se ha cumplido en investigar a fondo los delitos de lesa humanidad cometidos en la retoma del Palacio de Justicia. Sostienen que la Fiscalía no ha sido diligente ni siquiera en las exhumaciones que pueden conducir a encontrar los cuerpos de los desaparecidos que continúan ausentes.