La Defensoría del Pueblo alertó el miércoles 15 de febrero de una alianza entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y algunas bandas delincuenciales al norte de Tolima. Esas acciones tendrían el objetivo de controlar las actividades ilícitas en el territorio reconocido como un corredor estratégico.
Según la entidad, tal como sucede con otros países, los narcotraficantes acuden a la contratación de pequeños grupos delincuenciales para cometer acciones violentas o delictivas. En el caso del Clan del Golfo —como también se le conoce a las AGC— se buscaría el control en zonas rurales y urbanas de Armero, Guayabal, Ambalema, Honda, Mariquita y Lérida.
El organismo autónomo identificó la situación a través de la Alerta Temprana Estructural 02 de 2023, en el Sistema de Alertas Tempranas (SAT), después de una serie de denuncias de la ciudadanía. La Defensoría detalló que los grupos delincuenciales cometían actividades ilegales tercerizadas como la venta de estupefacientes y los préstamos gota a gota, “que terminan siendo un tipo de control social”.
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, explicó este escenario de riesgo “está ligado a los antecedentes de violencia y conflicto armado” que existen en esta zona del país, sumándose a “las dinámicas de criminalidad urbanas dada la posición urbana” del departamento. En ese sentido, la situación actual pone en riesgo a la población civil.
Los grupos poblaciones que están en mayor riesgo son: los niños, niñas, adolescentes y jóvenes; los estudiantes; los líderes sociales y defensores de derechos humanos; los comerciantes; los funcionarios públicos, y los miembros de Juntas de Acción Comunal (JAC).
Por otra parte, la mayoría de los hechos denunciados que muestran la alianza entre las bandas delincuenciales y las AGC corresponden a “atentados contra la vida e integridad personal, amenazas y otros métodos para generar terror en la población y el uso y utilización de adolescentes y jóvenes”.
El líder de la entidad indicó que la situación puede tratarse de un proceso de fortalecimiento. “Ha venido tomando fuerza en diferentes zonas del país por parte de estructuras posdesmovilizadas del paramilitarismo”, expuso Camargo y resaltó que la Defensoría ha informado la situación previamente con algunas alertas tempranas.
De hecho, el SAT también ha advertido otra afectación en Tolima. “Las dinámicas delictivas provenientes del oriente caldense han alcanzado a impactar al territorio advertido por su cercanía geográfica”, puntualizó el organismo autónomo.
Cabe recordar que el Clan del Golfo está vinculado con el proceso de Paz Total del Gobierno nacional. El 1 de enero, el presidente Gustavo Petro decretó un cese al fuego bilateral con el grupo armado y está preparando una ley de sometimiento a la justicia para avanzar en esa política de Estado que busca mitigar el conflicto armado en Colombia.
La alianza en contra del Clan del Golfo
El miércoles 15 de febrero, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, reveló que las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se habrían aliado para combatir a las AGC en el municipio El Bagre. El objetivo del grupo residual y la guerrilla sería controlar totalmente esa zona rural.
El funcionario precisó que esa alianza ha generado afectaciones en la población civil. “Al parecer, como sucede en estos casos, unos quieren intimidar a la población frente a un actor armado y los otros contra el contrario”, explicó Gaviria frente a la información entregada por inteligencia del Ejército Nacional. “Allí lo que tiene que estar es la fuerza pública para impedir la intimidación y coerción contra la población civil”, añadió.
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