Caso Mario Castaño: Consejo de Estado ordenó investigar al director de La Picota, conozca las razones

El Consejo de Estado ordenó compulsar copias en contra del director de la cárcel La Picota, Horacio Bustamante, a la Procuraduría para que se inicie una investigación disciplinaria por los problemas de conexión en la cárcel que han imposibilitado desarrollar las audiencias virtuales en contra del exsenador Mario Castaño, que no ha podido asistir porque no tiene acceso a internet en la estructura en donde está recluido, advirtió un dragoneante de la cárcel.

La última audiencia en el proceso de pérdida de investidura y muerte política que afronta el exsenador estaba agendada para el 13 de febrero. A esta asistieron los magistrados de la sala del Consejo de Estado que estudian el expediente de Castaño, la Procuraduría y el ciudadano demandante, Joan Sebastián Moreno. El único que no estuvo fue Castaño.

Un dragoneante de la cárcel, durante la audiencia, ‘excusó’ al exsenador diciendo que este no pudo conectarse, ya que, según información de El Espectador, en la estructura en la que Castaño se encuentra preso desde mediados de 2022, no hay conexión a internet.

Esta fue la razón para que el Consejo ordenara “compulsar copias para que se inicie una investigación disciplinaria contra el Director del establecimiento de reclusión de la Picota por falta de colaboración con la administración de justicia debido a que a lo largo de este proceso no ha desarrollado las labores necesarias para garantizar la conexión del demandado Mario Alberto Castaño”.

Origen del proceso en contra de Castaño en el Consejo de Estado

El proceso de pérdida de investidura y muerte política contra el exsenador del Partido Liberal Mario Castaño nació del proceso que en la Corte Suprema de Justicia se adelanta en su contra por liderar una red de corrupción, y por el que será condenado por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en celebración de contratos, peculado por apropiación, estafa agravada y concusión.

También nace porque, pese haber sido reelegido como senador, al momento de tomar posesión, el 20 de julio de 2022, no pudo asistir a esta por estar ya preso.

En el caso que cursa en su contra en la Corte Suprema, el 21 septiembre de 2022, aceptó su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en celebración de contratos, peculado por apropiación, estafa y concusión que suman en total 19 delitos.

Con esta aceptación de cargos, Castaño Pérez se acogió a la sentencia anticipada y podría recibir una rebaja de pena que fijaría su condena a unos 15 años de prisión, aproximadamente, debido a los beneficios que se contemplan en el artículo 40 de la Ley 600 de 2000, que contempla dosificar la pena en una tercera parte.

El congresista lideró una estructura criminal que fue llamada “Las Marionetas”, que en complicidad con un grupo de alcaldes, funcionarios y particulares, se apropió de multimillonarios recursos de la administración pública provenientes del patrimonio del Estado para la mejora de espacios para la comunidad.

El alto tribunal, que recibió el expediente antes de las elecciones legislativas, ha recaudado interceptaciones de varios de los vinculados, entre ellas su asesora en el Congreso, Nova Lorena Cañón, una de las encargadas de dirigir los contratos a través de sus contactos en los ministerios. Incluso, en algunas de sus conversaciones, buscó la influencia de la mamá del entonces presidente Iván Duque, Juliana Márquez.