Alias “Jorge 40” deberá contar toda la verdad ante la JEP sobre nexos entre las AUC y la fuerza pública

Tiene solo una oportunidad para contar su verdad sobre el conflicto armado en Colombia. De tal magnitud ha sido el ultimátum entregado por la Jurisdicción Especial para la Paz —JEP— a Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40. El otrora comandante del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia fue citado el 1 de diciembre de 2022, para que asista a una audiencia pública de reconocimiento que contará con la participación de la magistratura de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas y víctimas de ese grupo armado.

En la diligencia que tendrá doble jornada —jueves 25 y viernes 26 de enero—, se espera que Tovar Pupo pruebe que la estructura paramilitar que lideró tuvo nexos con la fuerza pública y que delegó hombres como agentes estatales. En ese sentido, si el testimonio logra satisfacer al tribunal especial de paz y las víctimas, podría ser aceptado; de lo contrario, se le cerrará la puerta de forma definitiva.

En ese sentido, varios magistrados de la Sala se reunirán previamente con el compareciente para explicarle las formas en que se llevará a cabo la audiencia, lo que tendrá que exponer ante ellos y las víctimas y las diferencias que tiene este mecanismo con la justicia ordinaria. Concretamente, él tendrá que demostrar las acciones en las que posiblemente pudo participar en condición de “bisagra o punto de conexión entre los aparatos militar y paramilitar”, así como su condición de máximo responsable del planteamiento y “ejecución de patrones macrocriminales”, según la JEP.

Las trabas que habría puesto Jorge 40 para aplazar la audiencia

Al tribunal de justicia transicional llegó un mensaje de la defensa de Tovar Pupo, en el que pedía aplazar la audiencia única de verdad plena contra el excomandante paramilitar programada para el 26 y 27 de enero de 2023. Sin embargo, el tribunal negó esa solicitud argumentando que esa citación.

Dicha solicitud de aplazamiento fue presentada al tribunal de justicia transicional el pasado 6 de diciembre. En ella, el abogado del excomandante paramilitar pidió mover las fechas bajo el pretexto de que no ha podido reunirse con su apoderado de forma presencial; sin embargo, llamó la atención que solo comunicó dichos inconvenientes cuando fue citado a las audiencias y no justo en el momento que presentó los problemas para encontrarse con él.

Al respecto, la JEP afirmó que el condenado paramilitar incumplió el régimen de condicionalidades “con una intensidad media”, pues por un lado, retuvo sus aportes a la verdad en dos ocasiones para después demostrar que “intenta postergar a su conveniencia la administración de justicia, como lo ha hecho antes en otros foros judiciales”. También argumentan que la defensa ha tenido el tiempo suficiente para reunirse con Tovar, pues el pasado 13 de septiembre fue notificada para la preparación del cuestionario.

Por ello, la jurisdicción especial advirtió que si el compareciente se niega a cumplir con la asistencia a una de las dos jornadas —o ambas—, o si las acata pero de manera poco satisfactoria para este tribunal y las víctimas, “la Sala de Definición no tendrá opción distinta a rechazar su comparecencia ante la JEP, automática, total e irremediablemente” y ordenar la devolución de todo su expediente a la justicia transicional. De igual manera, había ordenado al Inpec adecuar un sitio en la cárcel de Ibagué donde Tovar Pupo se encuentra recluido para reunirse con su abogado y preparar su testimonio.

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