Preocupación hay en las estaciones de Policía y en las Unidades Reacción Inmediata (URI) en Bogotá por cuenta del hacimiento. Y es que un reciente informe solicitado por parte de la Procuraduría General de la Nación (PGN) a la subcomandancia de la Policía Metropolitana de Bogotá evidenció el nivel de ocupación de los sitios de reclusión temporal supera el 285 por ciento. Por lo anterior, se le dio un plazo a la alcaldesa de la capital, Claudia López, para que traslade a las personas que ya tienen una condena en pie a cárceles y penitenciarias del país.
La Procuraduría General de la Nación le recordó a la alcaldesa Claudia López que su administración ya había adquirido compromisos tras la 22 de julio de 2022, por la Delegada para los Derechos Humanos. Se señala que las medidas realizadas por la Administración distrital no fueron la esperadas, y menos, tras conocer el último informe de la subcomandancia.
“La Administración (distrital) ha hecho caso omiso a las advertencias de esta Procuraduría Delegada y, como consecuencia, hemos evidenciado situaciones de vulneración de Derechos, fugas y alegaciones por supuestos tratos crueles, degradantes e inhumanos al interior de estos centros”, señala la comunicación de la PGN.
La Procuraduría General de la Nación pedirá informes parciales en los que se evidencie el progreso de las medidas adoptadas por la Alcaldía Mayor de Bogotá referente a la descongestión. Además, le recordaron a Claudia López que debe hacer uso de los dineros del Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Fonset y el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, (Fonsecon) para la construcción de nuevas cárceles o centros penitenciarios.
Este problema de hacinamiento en las URI de Bogotá ya había sido denunciado desde el Concejo de Bogotá, por la concejal del partido verde y peñalosista, Lucía Bastidas.
El 3 de enero de 2023 un llamado a la administración distrital de Claudia López para que tome medidas frente al desbordado hacinamiento que viven los privados de la libertad en los puestos de detención, hecho del cual se ha derivado una violación sistemática a sus derechos humanos.
Reiterando que Bogotá está de cara a una crisis de hacinamiento que trascendió los centros carcelarios y se extendió a otros equipamientos de justicia como las estaciones de Policía Metropolitana de la capital (MEBOG) y las Unidades de Reacción Inmediata (URI), se le pidió a la alcaldía buscar una solución en el mediano y largo plazo que pase por mejorar la infraestructura y garantizar los derechos de los privados de la libertad.
Citando las últimas cifras de la Personería de Bogotá, en 2022 el hacinamiento en los lugares de detención fue del 292% en 22 centros transitorios de la ciudad. En otras palabras, se están registrando casos en los cuales hay 3.177 personas detenidas en espacios donde por razones de infraestructura y equipamiento el cupo máximo es para 1.237. Y, adicionalmente, en estos momentos hay un total de 332 personas condenadas que no han sido trasladadas a un centro penitenciario.
Si bien es cierto que ante este panorama la Policía Metropolitana de Bogotá anunció que habría un traslado masivo a centros penitenciarios de quienes ya tienen condena, la concejala destacó, no obstante, que se requiere urgentemente de la articulación interinstitucional a nivel distrital y nacional para solucionar la situación de quienes seguirán hacinados a largo plazo.
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