El domingo 22 de enero, un juez tomó la decisión de imponer medida de aseguramiento en centro carcelario a Margareth Lizeth Chacón, la octava capturada por estar presuntamente implicada en el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Pese a que la defensa pidió la prisión domiciliaria por su condición de madre soltera y recién deportada de El Salvador, donde estuvo viviendo por más de diez años, el juez no tomó estos argumentos en consideración.
El 16 de enero, Andrés Felipe y Ramón Emilio Pérez Hoyos —exesposo y excuñado de Chacón— fueron judicializados y aceptaron su participación financiera en el asesinato, ocurrido el 10 de mayo en la playa privada de un hotel ubicado en Isla Barú, en Cartagena (Bolívar).
Durante su declaración, los hermanos Pérez Hoyos se disculparon ante la viuda de Pecci, la periodista Claudia Aguilera, y la familia del fiscal paraguayo por los daños perpetrados contra ellos.
Andrés Felipe Pérez indicó ante el ente acusador: “yo sé que fue un error muy grande y no tengo palabras para expresar mis disculpas a la familia Pecci, más a su señora en su estado de embarazo. Estoy muy arrepentido y les quiero ofrecer disculpas”.
Por su parte, mientras aceptaba cargos para acceder a una rebaja de hasta el 50% de la condena, Ramón Emilio dijo: “aprovechando aquí la situación, hombre, quiero pedirle perdón a la familia del doctor Pecci... me ha dolido mucho la situación, de corazón les pido que me perdonen, a todos los de la sala, a la señora del señor Pecci y a la familia”.
El ente acusador también señaló que ella había dispuesto una camioneta de su propiedad para asistir a encuentros en Medellín y Cartagena en los que se planeó el asesinato del fiscal paraguayo. Además, afirmaron que ese vehículo habría servido de caja fuerte para guardar el dinero y el arma de fuego necesarios para perpetrar el homicidio.
Por otro lado, la investigación concluyó que dos días antes del asesinato, el 8 de mayo, Margareth Chacón insistió a los hermanos Pérez y a Francisco Luis Correa Galeano —el presunto perpetrador, también capturado— en que el fiscal fuera ultimado cuanto antes, porque el plan vacacional de la familia Pecci estaba a punto de terminar.
En ese sentido, un fiscal delegado ante tribunal, con asignación especial para el caso del fiscal Pecci, imputó a Margareth Lizeth Chacón Zúñiga los delitos de homicidio agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. La procesada no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.
Por todo ello, a Chacón le imputaron los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Ella no aceptó los cargos y su defensa pidió prisión domiciliaria —porque ella presuntamente lleva más de diez años viviendo en el exterior, con su nueva pareja, y su hijo de 15 años está solo en El Salvador—. No obstante, el juez decidió que ella deberá cumplir medida de aseguramiento en un centro carcelario.
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