“Con paños de agua tibia no se pueden solucionar los problemas estructurales y las vulneraciones a los derechos de las comunidades indígenas que hemos venido denunciando desde hace varios años”. Esas fueron las palabras de Carlos Camargo, defensor del Pueblo, al entregar el informe anual sobre las vulneraciones a estas poblaciones en Guaviare e hizo un llamado a las entidades presentar planes concretos para atender la crisis humanitaria del departamento.
El documento fue compartido con líderes indígenas de las comunidades jiw, nükak, sikuani, tucano y karijona en San José del Guaviare. El informe llegará a las manos de la procuradora Margarita Cabello “para que se puedan adelantar las investigaciones disciplinarias que haya lugar contra los funcionarios que, por acción y omisión, hayan permitido la vulneración de los derechos” tanto de la población como de los menores de edad.
Camargo señaló que los funcionarios de la Defensoría viajaron a San José del Guaviare para reiterarle un mensaje a las comunidades: “Seguiremos trabajando sin descanso para lograr que las entidades del Estado cumplan con su obligación de garantizar los derechos de los pueblos étnicos de esta región del país”.
También calificó como “inconcebible” que las entidades estatales esperen a que se emita el informe anual o se anuncien investigaciones para que “cumplan con sus obligaciones”. Su declaración tiene que ver con las recientes denuncias que se conocieron de explotación y abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes indígenas en el Guaviare.
De hecho, el organismo de control emitió una Alerta Temprana Estructural en 2019 y un Informe de Seguimiento el 31 de diciembre de 2021 en los que advirtió el riesgo que enfrentaban los menores de edad de las comunidades nükak y jiw en los asentamientos temporales de San José del Guaviare. “Hoy ese riesgo no se ha mitigado, y los eventos de violencia sexual contra esa población siguen siendo la constante.”, agregó Camargo.
Para el defensor del Pueblo existe una vulneración a los derechos humanos de las comunidades indígenas, junto con una “indiferencia institucional para tomar acciones concretas que pongan freno al abuso y la violencia sexual contra niños y adolescentes”. Así pues, manifestó que desde la entidad no pueden permitir que “los funcionarios públicos ni la ciudadanía normalicen este tipo de vulneraciones”.
Violencia sexual contra menores de edad
De acuerdo con el informe de la Defensoría, la crisis humanitaria que atraviesan los pueblos jiw y nükak está directamente relacionada con problemas estructurales como la pobreza, la exclusión, el despojo territorial y el conflicto armado. En ese sentido, los menores de edad de San José del Guaviare están expuestos a sufrir el reclutamiento, uso y utilización forzada de los grupos armados y esa amenaza se incrementa por la vulnerabilidad económica y la falta de presencia estatal.
Esos factores “los exponen a la explotación sexual comercial, a la violencia intrafamiliar y la violencia sexual”. Desde la Regional Guaviare de la entidad se atendieron 933 casos relacionados con la vulneración de los derechos de la población indígena entre 2020 y 2022. “Se han atendido 68 casos de presunta violencia sexual en los que se encuentran involucrados menores de edad”, agregó.
El informe detalló que hubo un incremento en esos casos en los últimos tres años: “Mientras en 2020 registramos 67 casos, la cifra llegó hasta los 81 casos durante 2022″. Respecto a las recientes denuncias que involucran a militares —colombianos y estadounidenses— que al parecer inducían a niñas indígenas a tener relaciones sexuales a cambio de comida, dinero o drogas para ahuyentar el hambre, la Defensoría señaló que la indignación debería traducirse en “una acción estatal efectiva, completa e integral”.
Conozca el informe completo sobre las vulneraciones a las comunidades indígenas en Guaviare:
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