Michelle Bachelet presentó este jueves un nuevo informe sobre las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, en el que documentó 38 presuntas ejecuciones de jóvenes entre mayo de 2019 y mayo de 2020 a manos de las FAES y otras ramas de la dictadura chavista.
“Me preocupa el patrón de detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso, así como alegaciones de torturas y desapariciones forzadas en los primeros días de detención”, expresó la la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU.
En un plano general sobre la crisis, indicó que la población venezolana continúa sufriendo “graves violaciones a sus derechos económicos y sociales debido a sus bajos salarios, altos precios de los alimentos, persistentes carencias de los servicios públicos, precario acceso al sistema de salud”.
Sobre el accionar de las fuerzas de seguridad del régimen de Nicolás Maduro, el reporte contabilizó 1.324 muertes entre enero y mayo de 2020 en el marco de “operaciones de seguridad”. Según el detalle, las FAES fueron presuntamente responsables de 432 muertes, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de 366 y la Guardia Nacional Bolivariana de 136.
También, criticó las recientes decisiones de la justicia chavista, que intervino a dos partidos opositores y nombró a un nuevo Consejo Nacional Electoral. Según expuso, estas medidas “disminuyen la posibilidad de construir condiciones para procesos electorales creíbles y democráticos”.
La ex presidente chilena indicó que se ha continuado registrando “restricciones al espacio cívico y democrático, con violaciones a la libertad de expresión y derecho a la información, detención de líderes políticos, periodistas, sindicalistas, profesionales de salud, personas que protestaban por los servicios públicos”, así como los ataques y la obstaculización del trabajo de parlamentarios de la Asamblea Nacional.
Entre las 16 recomendaciones del informe destinadas al régimen de Maduro, insta a restablecer funciones a la Asamblea Nacional, cesar las detenciones en régimen de incomunicación, especialmente por parte de los servicios de inteligencia y otorgar la libertad incondicional de todos los detenidos ilegal o arbitrariamente.
Además, pidió investigar y sancionar a los responsables de torturas y proteger y abstenerse de desacreditar a defensores de derechos humanos y periodistas.
El documento fue realizado en base en los datos recopilados por la Oficina en entrevistas con múltiples fuentes y reuniones con un amplio abanico de funcionarios estatales y otros interesados. Bachelet anunció que el próximo 15 de julio presentará un nuevo informe sobre la independencia judicial y el acceso a la Justicia.
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