
El Tribunal Superior británico dictaminó este jueves que la Administración ad hoc del líder opositor venezolano Juan Guaidó y no la del dictador Nicolás Maduro puede acceder legalmente a las reservas de oro de Venezuela depositadas en el Banco de Inglaterra.
Tras escuchar a las partes, el juez Nigel Teare concluyó que el Gobierno del Reino Unido ha reconocido “inequívocamente” a Guaidó como “presidente interino constitucional” del país latinoamericano, y es, por tanto, la junta del Banco Central de Venezuela (BCV) nombrada por él la que tiene autoridad sobre las reservas.
Con esta decisión, la junta ad hoc nombrada por el presidente de la Asamblea Nacional es la que está legitimada para gestionar las reservas depositadas en jurisdicción británica, 31 toneladas de lingotes por valor de unos 1.450 millones de dólares.
Por su parte, la junta directiva del Banco Central de Venezuela presidida por el oficialista Calixto Ortega apelará la decisión, informaron este jueves sus abogados. “El Banco Central de Venezuela pedirá permiso al tribunal para apelar esta sentencia, por considerar que ignora por completo la realidad de la situación sobre el terreno”, anunció el abogado Sarosh Zaiwalla en un comunicado.
La decisión de hoy le da un fuerte respaldo a Guaidó y a su gobierno interino frente a la dictadura de Maduro, que cada día está más aislada internacionalmente. El dictamen sirve también para resolver un pleito planteado por el Deutsche Bank en 2019, sobre cuál de los dos bandos podían reclamar 120 millones de dólares derivados de la terminación de un contrato de swap, o permuta de oro.

Durante el proceso, el abogado de la junta de Maduro, Nick Vineall, argumentó que, aunque el Gobierno británico declaró en un comunicado en 2019 que reconoce a Guaidó como “presidente interino constitucional hasta que se celebren elecciones”, en la práctica, “mantiene lazos diplomáticos” con el Ejecutivo de Maduro, aunque no lo apruebe.
Andrew Fulton, por parte de la junta de Guaidó, sostuvo que el Gobierno del primer ministro Boris Johnson reconoce claramente al opositor como cabeza del Estado de Venezuela y, por lo tanto, la Corte debía hacer lo mismo con base en la doctrina de “una sola voz”, aplicable en el Reino Unido, que obliga a las instituciones del Estado a mantener una posición unificada en política exterior.
Este abogado también arguyó, de nuevo con éxito, que el tribunal británico debe dar por buenos los actos de Guaidó en Venezuela sin someterlos a escrutinio, debido, sostuvo, a que “no son justiciables” en jurisdicción británica.
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