El régimen de Nicolás Maduro continúa su persecución contra la oposición venezolana. Este martes, la Corte chavista ordenó quitarle la inmunidad parlamentaria a otros cuatro diputados.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) acusó, por medio de un comunicado, a los legisladores Miguel Pizarro, Carlos Paparoni, Franco Casella y Winston Flores de "traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes y el odio".
El fallo ordena remitir la sentencia la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y al fiscal general, Tarek William Saab.
La Corte detalla que "no procede el antejuicio de mérito" de los diputados, "en razón de lo cual su enjuiciamiento corresponde a los tribunales ordinarios en materia penal".
Paparoni se pronunció minutos después de conocerse el fallo durante un acto opositor en Caracas. "Esto no nos va a acobardar a ninguno de los diputados", aseguró, rodeado de decenas de parlamentarios. "Tiene que entender Nicolás Maduro que su tiempo terminó", agregó.
El de este martes es un nuevo golpe de la Justicia chavista contra la oposición venezolana, luego de que la semana pasada el TSJ ordenara quitarle la inmunidad parlamentaria a otros once diputados: Edgar Zambrano (AD), Henry Ramos Allup (AD), Luis Germán Florido (Independiente), Marianela Magallanes López (LCR), José Simón Calzadilla Peraza (Movimiento Progresista), Andrés Enrique Delgado Velázquez, Américo De Grazia (LCR), Richard José Blanco Delgado (ABP), Freddy Superlano (VP), Sergio Vergara (VP) y Juan Andrés Mejía (VP).
Hasta el momento, el TSJ oficialista despojó de su inmunidad a siete de esos legisladores.
Minutos después del fallo de la Corte chavista, Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) condenó la decisión a través de Twitter: "Denunciamos el allanamiento de inmunidad parlamentaria contra 4 diputados de la Asamblea Nacional, otra acción ilegal perpetrada por la Sala Plena del TSJ ilegítimo, en otro episodio de los crímenes y abusos de la dictadura usurpadora de Venezuela".
El pasado 8 de mayo, Zambrano, vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), fue secuestrado por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). En este momento se encuentra detenido e incomunicado en la prisión militar del Fuerte Tiuna, por orden del TSJ.
Tras esta arremetida del régimen, y ante el temor de nuevas posibles detenciones arbitrarias, algunos diputados pidieron asilo en embajadas extranjeras, mientras que otros se encuentran en la clandestinidad.
La dictadura de Maduro recrudeció la persecución contra la oposición luego del intento de levantamiento militar del pasado 30 de abril, encabezado por Juan Guaidó. Ese día, el presidente interino de Venezuela lanzó la fase final de la Operación Libertad y recibió el respaldo de todo el arco opositor. Por tal motivo, el TSJ y la Constituyente chavista, presidida por Diosdado Cabello, han apuntado contra los principales referentes de la Asamblea Nacional.
A continuación, el comunicado completo del Tribunal Supremo de Justicia chavista:
La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ante la solicitud realizada por el Fiscal General de la República, decidió que los hechos objeto de la petición comprometen la responsabilidad de los ciudadanos: Carlos Alberto Paparoni Ramírez, Miguel Alejandro Pizarro Rodríguez, Franco Manuel Casella Lovaton y Winston Eduardo Flores Gómez, en la comisión flagrante de los delitos de "Traición a la Patria, Conspiración, Instigación a la Insurrección, Rebelión Civil, Concierto para Delinquir, Usurpación de Funciones, Instigación Pública a la desobediencia de las leyes y el odio continuada, previstos y sancionados en los artículos 128, 132, 143, 145, 163, 213, 285, todos del Código Penal, respectivamente y Asociación, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo".
Ordena la sentencia de la Sala Plena remitir copia certificada de las actuaciones al Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente para que dicho órgano determine lo conducente, según lo previsto en el artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y a la Sala Constitucional del Alto Juzgado, para su conocimiento y demás fines.
Señala la decisión, con ponencia de la magistrada Bárbara Gabriela César Siero, integrante de la Sala Político Administrativa, que en el presente procedimiento, por tratarse de la comisión flagrante de delitos comunes, atendiendo lo dispuesto en la decisión N° 1684, del 4 de noviembre de 2008, dictada por la Sala Constitucional del Alto Tribunal, no procede el antejuicio de mérito de los mencionados ciudadanos, en razón de lo cual su enjuiciamiento corresponde a los tribunales ordinarios en materia penal, según lo dispuesto en el artículo 378 del Código Orgánico Procesal Penal.
Igualmente, se ordena remitir copia certificada del fallo al ciudadano fiscal general de la República, Dr. Tarek William Saab, para que continúe la tramitación de la causa penal correspondiente, observando para ello las debidas garantías procesales y derechos constitucionales previstos en el Código Orgánico Procesal Penal, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes, tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos y ratificados por la República.
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