El régimen de Nicolás Maduro contrató a un bufete de abogados español para recibir asesoramiento ante las sanciones económicas

Si bien hasta el momento Nicolás Maduro ha logrado mantenerse en el poder, las sanciones económicas que han recaído sobre el régimen, en especial las destinadas a la petrolera estatal PDVSA, han provocado un fuerte golpe al chavismo. Por ese motivo, la dictadura contrató a un bufete de abogados español para recibir asesoramiento ante las sanciones y embargos, y así blindar sus bienes en el exterior. Esta información fue confirmada por el propio bufete Lupicinio Abogados al diario español Expansión.

El contrato fue establecido con la Procuraduría General de Venezuela a fines de enero. Las partes decidieron que se rubrique por medio de ese ente, ya que depende de la Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora. Según la firma, de esa manera se garantizan una cobertura al tratarse de un organismo reconocido internacionalmente por Estados Unidos, la Unión Europea y España.

"Es un organismo que tiene facultades de contratar por el interés de la República cuyo máximo representante lo designa la Asamblea Nacional, de mayoría no oficialista y cuyo presidente no es oficialista", señalan desde Lupicinio Abogados.

El acuerdo consiste en cubrir tanto a la administración del Estado venezolano, como a las personas físicas que lo conforman. Entre ellas se destacan Maduro y sus principales ministros.

La firma explicó que tiene libertad de aceptar o no cada encargo que recibe. Éstos serán analizados por un comité deontológico interino, que decidirá si se sigue adelante con la causa o no.

El bufete aclaró que, por el momento, no recibió ningún encargo.

Asimismo, la fecha límite del contrato es el 31 de diciembre. Ese día se debe analizar su renovación.

El área del bufete que asesorará a la dictadura de Maduro se especializa en embargos y sanciones de la UE, EEUU y la ONU. No obstante, desde la propia firma aclararon que en este momento "la batalla de las sanciones no está en Europa, sino en EEUU".

De acuerdo a Expansión, Lupicinio Abogados ya ha asesorado a empresas y personas físicas con sanciones y embargos vinculados a países como Irán, Cuba, Ucrania y Rusia. También prestó servicios a Zimbabue y Corea del Norte.

Desde el bufete aseguran que son los únicos que han llevado procedimientos en español ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Pese a las críticas o polémicas que pueda despertar el hecho de defender a dictaduras o personas y empresas vinculadas a ellas, desde la firma sostienen que hacen su trabajo "de forma independiente": "Como bufete no nos metemos, somos técnicos".

Nuevas sanciones contra Venezuela

Este martes Estados Unidos impuso una nueva ronda de sanciones como parte de sus esfuerzos para presionar a Maduro. En esta oportunidad el blanco de las medidas fue la minera estatal Minerven.

Las sanciones, que se publicaron en la web del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, también apuntan al jefe de la compañía minera, Adrián Perdomo.

"Vamos a perseguir a aquellos involucrados con el imprudente comercio ilícito de oro de Maduro, que está contribuyendo a esta crisis financiera, humanitaria y ambiental", destacó el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.

Según explicó el Departamento del Tesoro, el régimen se ha enfocado en la minería para buscar nuevas fuentes de ingreso "para enriquecerse a expensas del pueblo venezolano".

Minerven se dedica a explorar, explotar y procesar el oro de las minas de Guayana, en el sur del país. En un comunicado, Mnuchin consideró que "el régimen ilegítimo de Maduro está saqueando la riqueza de Venezuela, a la vez que pone en peligro a las poblaciones indígenas al invadir las áreas protegidas y causar la deforestación y la pérdida de hábitat".

Estas nuevas sanciones tienen lugar luego de que en la última semana de febrero, el régimen sacara ocho toneladas de oro del Banco Central para "venderlo de contrabando fuera del país", según confió una fuente del Gobierno a la agencia Reuters.

El plan del régimen era vender 29 toneladas a los Emiratos Árabes Unidos en febrero para proporcionar liquidez a las importaciones de productos básicos. La empresa Noor Capital, con sede en Abu Dhabi, reconoció en enero haber comprado tres toneladas de oro. Pero al estallar el escándalo informó públicamente que no continuaría con las transacciones hasta tanto no se normalizara la situación en el país caribeño.

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